La muerte de John Percival Matos debe abrir entre las autoridades un paréntesis de reflexión sobre lo mal parados que estamos en investigación y prevención del delito. Valorar hasta dónde el desenlace trágico –quizás inevitable- ha privado a las autoridades de una voz cuyos testimonios permitirían desarticular la banda cuyo liderazgo se atribuyó y confirmar o descartar conexiones sospechadas. El suceso no cambia en nada la gravedad de la inseguridad que vivimos.
Aún con muchos elementos de sospecha en su poder, la Policía no fue capaz de cortar desde el principio la racha de asaltos sangrientos de este grupo. El último golpe de mano pareció haber sido facilitado por descuidos de seguridad elemental en el establecimiento víctima del asalto. La Policía manejó hasta hace poco la hipótesis de que Percival estaba fuera del país, y esa creencia pudo haber relajado la intensidad de su búsqueda hasta que apareció en vídeos en las redes sociales.
Este suceso marca un referente, pero de ningún modo nos permite creer que hayamos reducido la gravedad de la inseguridad ciudadana, quizás nuestra principal preocupación. Tenemos que aprender de los errores y trabajar muy a fondo la inteligencia policial, la prevención, y la preservación de fuentes de testimonio. Los delincuentes muertos no hablan.

Operación Los Tres Brazos

Lo mejor que ha podido pasar, en aras de la transparencia, ha sido la suspensión de toda negociación en torno a los terrenos en que está enclavado el sector Los Tres Brazos. El Poder Ejecutivo ha hecho bien en crear una comisión que determinará las implicaciones jurídicas de la negociación hecha por CORDE con una empresa privada que pagó RD$80 millones por los terrenos.
Aparte de detener una operación de grave impacto social sobre miles de familias que viven en el sector Los Tres Brazos, el Poder Ejecutivo ha ponderado irregularidades de la operación que comprometen la transparencia, como el hecho de haber pasado por alto disposiciones de la Ley 141-97 sobre Reforma de la Empresa Pública, y la Constitución, que disponen que estas operaciones tienen que ser aprobadas por el Congreso.