En su carta a los presidentes de ambas cámaras legislativas para proponer la integración de una comisión bicameral que procure un consenso de aprobación al proyecto de ley para partidos políticos, el presidente Danilo Medina asume la posición, que muchos esperaban, de franca coincidencia con los congresistas que desde esos mismos hemiciclos actuaron, primeramente, para aprobar al vapor la opción de primarias abiertas que la mayoría partidaria no oficialista, respaldada por las organizaciones de la sociedad civil, ha venido rechazando; y luego están recurriendo a rupturas del quórum para estancar el proceso de aprobación en la Cámara Baja solo porque allí predomina la objeción a lo aprobado aplastantemente por los senadores. La propuesta, aparentemente conciliadora, surge después que el camino legislativo ordinario se resistiera a adoptar la fórmula de elección de candidatos que más vigencia da al Poder y al dinero sobre el electorado.
No es justo que país continúe sin la herramienta institucionalista que regule la actuación de los partidos a causa de las actitudes que tienden a trancar el juego solo porque se carece de la mayoría imprescindible para vencer a quienes desde la oposición lucen más asistidos por la razón y el derecho. Mucho preocupa que los escollos al fortalecimiento de la democracia provengan de quienes están situados en la supremacía y ventajas que se logran desde el Estado.

Por los derechos de la mujer

República Dominicana y dos o tres países más son la excepción en el manejo conceptual y jurídico del aborto que por respeto a las libres decisiones de la mujer, debe estar penalizado con las excepcionales atendibles a partir de la obligación que asiste al Estado de fijar reglas para ciudadanos que respeten sus íntimas convicciones y que se apliquen con sentido de laicidad sin pretender la vigencia indiscriminada de sanciones inspiradas en posiciones religiosas, una violación a la libertad de creencias.
Procede, sin más demoras, la aceptación para el Código Penal de las causales relacionadas con la inviabilidad de embarazos, la gestación derivada de violación sexual y la necesidad de salvar la vida de la madre propuestas por el Poder Ejecutivo a distancia de las posturas radicales que suelen asumirse en este debate.