POR ODALIS MEJIA
El arquitecto Omar Rancier, subdirector del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU),  advirtió ayer que cada día más se enajena el espacio público debido  a proyectos viales y a la privatización al punto que el Cinturón Verde ha perdido más del 40% de su territorio por la actuaciones de los promotores “inescrupulosos” de vivienda y por las familias más pobres de la ciudad.

Dijo además que las últimas decisiones que se han tomado referente al transporte (elevados, metros, túneles) han sido lamentables y su impacto, en términos de economía urbana no se han querido medir.

Señaló que en el caso del metro ni siquiera se está aprovechando correctamente la obra. Dijo que debe aprovecharse la coyuntura para trata de hacer una ciudad a partir de proyecto cerrado, que podría ser una estrategia para tratar de sacar algo positivo de la ciudad. No se están realizando estudios de recalificación de los terrenos del corredor y no se están diseñando los espacios públicos asociados con las salidas del metro.

Apuntó que a esto se suma el hecho de que más del 60% de la población urbana de Santo Domingo vive por debajo de la línea de la pobreza, por lo que con esta estadística ninguna ciudad es sostenible.

Planteó que para ordenar la ciudad se debe trabajar para mejorar los barrios más pobres, iniciando un catastro y unos programas que permitan a las familias de bajos ingresos entrar al sistema financiero formal.

Mientras que el geólogo Osiris De León, criticó   el papel del Estado en las intervenciones urbanas, al sostener que sus  prioridades no responden a las necesidades de la sociedad, sino a intereses político y económicos del gobierno de turno.

Dijo que las comunidades ven cada día como sus problemas se agravan mientras los recursos que pagan de impuestos son utilizados en obras que no tienen la calidad pública ni la seguridad mínima requerida y esos recursos terminan enriqueciendo proyectos políticos.

Puso como ejemplo la construcción de la vía perimetral del río Ozama, la cual tiene un año paralizada y las familias que allí residían no han obtenido las soluciones que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) les prometió.

De León apuntó que las obras que se vayan a construir deben responder a un plan de Estado que  sea definido  a cercano, mediano y largo plazo para beneficio de la comunidad.

Ambos técnicos hablaron sobre el tema al participar como expositores en un análisis sobre intervenciones urbanas, auspiciado por las organizaciones barriales de la zona norte del Distrito Nacional.

 Catalina Pirón, de la Coordinadora para el Desarrollo Barrial, dijo que  las autoridades deben terminar varias  obras  inconclusas en los barrios, además de buscarle una solución definitiva a las familias afectadas por la construcción del metro.