Ahora que la cuenta regresiva respecto del proceso Odebrecht entra en una etapa crucial, resulta pertinente airear aspectos “desconocidos” en el ámbito local, pero materia de estudio e investigación fuera de la jurisdicción nuestra, donde las complicidades y acuerdos políticos tratan de circunscribir a tecnicismos jurídicos la conexión entre las élites dirigentes y el esquema de corrupción de mayor impacto en el continente.
En Colombia, la revista Semana de la última semana de diciembre, publicó una investigación antológica referente al caso Odebrecht donde desmonta, bajo el título de “La compañía que sobornó a un continente”, todo el tinglado extendido por América Latina y desnuda liderazgos, montos cobrados, procesos pendientes y jefes de gobierno asociados a depósitos millonarios por su relación con la empresa brasileña. En esencia, la clase política del continente parece incapaz de comportarse a distancias de toda una orquestación perfecta para garantizar licitaciones cuantiosas que sirvieron en la distribución de dividendos, conformación de candidaturas exitosas, y hacer del emporio carioca, una versión tropical del rey Midas.
Saber que, Miguel Lozoya, coordinador del área internacional de la campaña de Peña Nieto llegó a la dirección de Pemex y estructuró “negocios” que terminaron colocando en sus bolsillos 10 millones de dólares, llena de alarma e indignación. Los hijos de Ricardo Martinelli, alimentaron sus cuentas personales en montos cuantiosos cuando los contratos de cuatro puentes sobre el canal de Panamá sirvieron de “excusa” para una transacción. Jorge Glass, no se percató que terminaría con una condena de 6 años por impulsar la asignación del poliducto de Pascual Cuenca en Ecuador. Julio de Vido, perdió su inmunidad congresional en Argentina porque en su condición de Ministro de Planificación del gobierno de Cristina Fernández, el ferrocarril de Sarmiento sirvió para una jugada financiera inescrupulosa. Los colombianos reaccionaron activando procesos contra el senador Otto Bula por articular una red que, desde el congreso, resolvía los contratos consiguiendo porcentajes divorciados de su condición de senador. En Venezuela, la fiscal Luisa Ortega entregó documentos que asocian una empresa de Diosdado Cabello con 100 millones de dólares recibidos. Y los guatemaltecos no terminan de indignarse debido a que alcanzan a 18 millones de dólares lo aparecido en los archivos como entregados a funcionarios y al encarcelado ex presidente Otto Pérez Molina.
En el país, conocemos los nombres de los procesados en el caso Odebrecht. Aunque es de público conocimiento, las destrezas técnicas de los abogados que defienden a los imputados se combinan con campañas mediáticas tendentes a reducir en la sociedad las dimensiones y responsabilidades de un proceso que, en honor a la verdad, recibió una sanción y valoración preliminar de instancias extranjeras muy activas, entre otras razones, por el desplazamiento sufrido por la agresividad del emporio brasileño, en capacidad de “competir” utilizando artimañas que retratan las miserias de nuestra clase dirigente.
En lo concerniente al manejo del caso Odebrecht en el país, existe un detalle oculto de la relación de esa empresa porque al momento en que la Procuraduría General solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas, en fecha 27 de diciembre del 2016 la suspensión de su condición de suplidor del Estado, se inhabilitó la razón social con el RNC 122025499. Y perfecto. Ahora bien, las empresas clasificadas con los RNC 131107567,131020552 y 131376339, siguen habilitadas y en el registro de proveedores del Estado, el nombre de contacto consignado es el de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, que en la actualidad purga años de prisión en Brasil.