El Ministerio Publico, con los primeros sometimientos por el caso de los sobornos de la constructora Brasileña Odebrecht, acaba de dar un paso extraordinario a tono con el reclamo social del cese de la impunidad y la corrupción, en un caso que ha salpicado partidos, liderazgos, empresarios, incluso a nivel de varios países de la región, y que sus consecuencias deben servir para una reforma política, porque lo cierto es que si bien Odebrecht se encargó con su práctica corruptora de obtener los mayores proyectos del país, también eso pudo ser posible por la ausencia de transparencia en las organizaciones políticas y el excesivo costo de los proyectos y las campañas electorales.
Brasil, gran ejemplo de cómo políticas sociales y de desarrollo sacaron de la pobreza a más de 50 millones de seres humanos, también reveló cómo el poder puede malearse a un punto tal que la corrupción se extendió a todo el sistema político y el empresarial usando como punto de apoyo la empresa pública Petrobras (caso Lava Jato) y cómo la Odebrecht logró convertirse de una constructora local importante a la mayor empresa de la región, gracias a un esquema de sobornos, apoyo a campañas políticas y compra de conciencias mediáticas.
En República Dominicana, donde era una práctica tradicional la comisión del 10% para lograr un contrato de obra del Estado o compras, práctica que devino en los funcionarios otorgar las obras o la compras a socios o empresas personales dirigidas por testaferros, Odebrecht encontró un terreno fértil para sus prácticas corruptas y convertirse en la principal constructora de las grandes obras del Estado, desplazando empresas e ingenieros locales y haciéndose socia de una que otra privilegiada que hoy, misteriosamente, no están sujetas al escrutinio judicial y mucho menos social.
Esta administración del Presidente Medina ha sabido manejar con prudencia, decisión, independencia del Ministerio Publico este caso y al margen de las suspicacias, por la nomenclatura de los detenidos y de una oposición que pensó saldría ilesa de las investigaciones, hay que reconocer que estos primeros sometimientos, sin entrar en juicio sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados, representa el paso más grande que se ha dado en el país en materia de enfrentar una modalidad de corrupción.
“Están todos los que son y son todos los que están”, el tiempo se encargará de verificarlo; pero como hay de todo en la viña del Señor, es posible que algunos de los imputados al final del camino quede demostrada su inocencia, que algunos se corrompieron simplemente para adquirir empresas, aviones, helicópteros, amantes a granel; pero otros cayeron en la red de la Odebrecht tentados en la necesidad de agenciarse muchos recursos para poder financiar proyectos políticos grupales o personales en una democracia excesivamente clientelista; gente que se presumía era honesta y desarrollaron exitosas carreras políticas y en el Estado. Perdieron ellos y perdió el país.
De haber existido una Ley de Partidos y una Ley Electoral, que hubiese limitado el tiempo de campaña, transparentado los aportes privados y haber puesto un tope a las contribuciones, de seguro una empresa como la Odebrecht no hubiese encontrado un campo tan fértil para sus prácticas corruptas.
Por eso, si realmente los partidos quieren curarse en salud, si deseamos una democracia más funcional y económica, con campañas electorales que no sean tan costosas, que una curul legislativa no cueste decenas de millones o evitar una campaña presidencial con gastos de miles de millones, este es el momento de consignar todos esos candados y las sanciones en las leyes que actualmente se discuten en la comisión bicameral.

De no tomarse esos correctivos tendremos al final del camino un grupo de condenados, penal y socialmente, pero las contribuciones de empresas, de grupos, del narcotráfico, de la evasión y de la corrupción seguirán minando las bases de una democracia enferma y la propia existencia del actual sistema de partidos.