Hoy 
Culturalmente, los contratistas, suplidores e ingenieros establecen una relación ventajosa en sus vínculos con el Estado. Habituados a porcentajes, ventajas, privilegios y transferir recursos públicos a bolsillos privados, un altísimo porcentaje de ciudadanos percibe que la inversión en el sector de la construcción genera beneficios indecentes. Inclusive, la caja chica de nuestros políticos se estructura alrededor de prácticas dolosas y riquezas significativas provenientes de obras gubernamentales.
La Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) tiene en sus manos la responsabilidad de darle cumplimiento al acta # 41-2013 emitida por el Ministerio de Salud Pública y que en fecha 3 de septiembre 2015 le obliga a un amplísimo proceso de reparación y mantenimiento de 56 centros hospitalarios en todo el país. Tanto la ley 340-06 como el decreto 543-12 establecen los parámetros legales para que, en un país donde el 1.9% del PIB se invierte en el sector salud (en el continente el promedio es de 5%), los ciudadanos sientan que los recursos destinados a la rehabilitación del sistema hospitalario no concluyan como materia de procesos penales. Cuando el monto del aumento en las enmiendas de los contratos concernientes a los hospitales alcanzan 258%, y en los sorteos celebrados, además del ganador, resulta esencial la selección de dos ingenieros, pero se vulnera la ley al favorecer a terceros como mecanismo para consignar a la libre los beneficiarios de las modificaciones contractuales, aumentan las sospechas y la no existencia de reglas de juego provocan escándalos.
Tres ejemplos podrían aportar en el entendimiento de cambios contractuales “extraños”. El contrato del Hospital Moscoso Puello establece una cesión de obra al ingeniero Rafael Vásquez (50%) que traspasado a manos de un tercero (Ingeniero Villa) afectó al contratista Edwin Suárez. Adicionen que en la Maternidad La Altagracia, la enmienda llegó a la constructora Laugama y/o Anel Marcial, despojando al contratista original. Y la locura y violación de la ley que asigna el equipamiento del hospital Juan Bosch por un valor de 210 millones de pesos a la empresa Trossachs Enterprises que, también posee cesiones de crédito por 390,191.392.95, para la estructura hospitalaria de Jimaní, La Descubierta y Maimón.
Tengo en mi poder, los contratos que benefician a BM ingenieros, Constructora Cobasa, JM Endoserv, Tools Resource, Consorcio Maduspal, Madison Construcciones, Raxma, Inversiones Fagernex. Con bastante cuidado estudié sus características contractuales y cuando se ausculta sobre sus beneficiarios se interpreta que, más allá de las competencias profesionales, existe un clan que por “eficiencia” profesional y/o gracia con el poder manejan montos considerables. El hecho de que tres de las empresas están registradas en la Dirección de Contrataciones Públicas en la misma dirección, otra descrita en ONAPI como dedicada a la venta de alimentos, la constancia del contrato LS-247-1-2012 que debía llegar al equipamiento del hospital Morillo King y posteriormente se desvió al Juan Pablo Pina y el despojo del contrato FP-090-2016 que sobre el monto de 619 millones se transfiere el contrato al Centro de Negocios Inmobiliarios, entregándole una cesión de crédito de $351,122,960.53, siento que existen razones para alarmarnos.
Los servidores públicos tienen que acostumbrarse a una ciudadanía que pregunta, anhela información y tiene derecho a indignarse cuando percibe que el manejo de los fondos no se orientan en la mejor dirección. Además, cuando los gases medicinales de la mayoría de los hospitales pertenecen a una empresa, el programa de climatización y electrificación recae sobre dos “agraciados” consistentemente, las sospechas aumentan.
En la próxima entrega señalaré los constructores “suertudos” de la OISOE, montos y empresas dedicadas a la rehabilitación de la estructura hospitalaria del país. ¡Lo mucho, hasta Dios lo ve!
