El Observatorio Judicial Dominicano (OJD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), destacó los beneficios que acarrea el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la administración de justicia, tomando en consideración las políticas públicas diseñadas para producir un aumento en el nivel de acceso a la justicia laboral en el país.

En el análisis titulado “Las tecnologías de la información y la comunicación y el proceso laboral dominicano: hacia una nueva forma de administrar justicia”, elaborado por Sabrina Mañón, investigadora de la Unidad de Justicia Laboral del OJD-Funglode, se destaca que República Dominicana se encuentra entre los diez países con mayor acceso a la información judicial a través de la Internet, con un 66.7%, por encima de Colombia, Honduras, Panamá, Ecuador y Guatemala, según el Índice de accesibilidad a la información judicial generado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Esta investigación es consecuencia del seguimiento que viene dando el OJD-Funglode a las políticas públicas judiciales, respecto de las que se puede destacar la decisión del Consejo del Poder Judicial de reglamentar las notificaciones, citaciones y comunicaciones en materia laboral, mediante la Resolución núm. 01-2014, la cual incorpora novedades tecnológicas para hacer más ágil la tramitación de dichos actos.

Mañón sostiene que en vista de las necesidades de la jurisdicción laboral, al implementarse la Resolución núm. 01-2014, el Poder Judicial podría aumentar los niveles de eficiencia en la comunicación y trámite de los actos procesales, sin dejar a un lado el procedimiento tradicional para aquellas personas que no tienen fácil acceso para recibir notificaciones, citaciones y comunicaciones por medios electrónicos.

Añade, que las TIC “en un primer plano, pueden tener por propósito crear u optimizar el vínculo existente entre el Poder Judicial y los ciudadanos, mejorando el nivel de accesibilidad a la información judicial. Empero, no debe llegar hasta ahí, se deben procurar mejoras a la gestión judicial y al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales”.

Sin embargo, a más de un año de haber sido dictada la Resolución núm. 01-2014, aún las notificaciones, citaciones y comunicaciones no están siendo realizadas por medios electrónicos, dejando de percibir grandes beneficios para la administración de justicia mediante el uso de las TIC.

La investigadora indica que “las TIC pueden servir para conectar al sistema judicial con la ciudadanía, simplificando el acceso a los servicios y a las informaciones más relevantes. A través de ellas las personas en diferentes partes del país podrían conocer las actividades regulares de cualquier juzgado o corte de trabajo, sin verse en la necesidad de trasladarse o conformarse con los canales tradicionales de información del Poder Judicial”.

El análisis indica que en Iberoamérica existe una tendencia creciente a utilizar las TIC en los sistemas judiciales lo cual guarda “estrecha relación con los objetivos por los cuales son implementadas las TIC, estas pueden tener por propósito crear u optimizar el vínculo existente entre el Poder Judicial y los ciudadanos, mejorando el nivel de accesibilidad a la información judicial. Empero, no debe llegar hasta ahí, se deben procurar mejoras a la gestión judicial y al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.”, subraya.

En efecto, la implementación de la Resolución núm. 01-2014 es posible en la medida en que el Poder Judicial cuente con un presupuesto idóneo que permita la creación de centros o unidades de notificaciones, citaciones y comunicaciones, dotadas con los equipos necesarios para recibir y transferir los actos, sin olvidar la capacitación que necesita el personal que estará a cargo del uso de estos medios.