Un análisis publicado por el Observatorio Judicial Dominicano (OJD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advirtió que el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1) puede generar un aumento de la carga de trabajo del Poder Judicial, y no preverlo oportunamente podría acarrear dificultades que afecten su capacidad de respuesta.

Los autores sostienen que antes de ponerlo en marcha “era necesario que los tomadores de decisiones se dieran cuenta que este Sistema tendría repercusiones para un poder judicial con limitaciones presupuestarias, respecto del cual toda política pública, sobre todo si su diseño permite prever un aumento de su carga de trabajo, debe incluir la mejora inmediata de su capacidad de respuesta”.

Sin embargo, el análisis “El 9-1-1 y sistema penal: el espacio vulnerable entre las políticas públicas de seguridad y judicial”, de la autoría de Junior Santana y Héctor Peña, investigadores de la Unidad de Justicia Penal del OJD, sostiene que este sistema podría tener grandes beneficios en la lucha contra la criminalidad, pero no debe obviarse que una gran parte de esta lucha también se lleva a cabo en los tribunales.

“Es decir, pensar en las estructuras, los procesos y los actores de una dimensión judicial que resulta indisociable del Sistema”, resalta el documento.

El análisis invita a reflexionar acerca del rol activo del Poder Judicial en relación al Sistema. Se afirma que “es necesaria una mayor coordinación entre esta política pública de seguridad y las políticas públicas judiciales, ya que con esta se evitaría que la administración de justicia se vea afectada en las demarcaciones en las que se encuentra en funcionamiento, también aquellas provincias a las que puede llevarse el sistema resultarían beneficiadas”.