Los progresos de la ciencia médica son excluyentes. Las medicinas y procedimientos de última generación resultan muy costosos y los seguros del sistema suelen jugar a la menor cobertura que les permitan. En lo que se alcanza una protección universal a sectores sociales con la plena vigencia de un régimen subsidiado, los pacientes afectados por enfermedades catastróficas o crónicas difíciles de costear deben seguir teniendo acceso al programa del Ministerio de Salud Pública que facilita la obtención de medicamentos imprescindibles para la salud. Se trata de un servicio sometido a una periodicidad de insuficiencias. Una y otra vez es afectado por desabastecimientos, causándose un déficit de respuestas a las angustiosas necesidades de personas que si no obtienen esa ayuda sufren y mueren.
Esa tabla de salvación llamada “Departamento de Alto Costo”, debe mantenerse en pleno funcionamiento como herramienta crucialmente útil para cerrar el abismo entre la asistencia médica especializada y muchas familias carentes de recursos. Voces del sector perjudicado de la colectividad han expuesto su alarma porque en el citado departamento se amontonan casos pendientes de decisión y se retrasa la entrega de fármacos imprescindibles para conservar la vida. El Estado debería concederle prioridad a la asignación de recursos al programa y velar porque la ayuda llegue a quienes realmente califiquen.

 Reforzar amparo a las mujeres

El alto índice de violencia intrafamiliar con un considerable saldo de feminicidios ha sido vinculado en ocasiones a la ausencia de una política de respuesta del Estado a ese mal, en la que participen de manera conjunta algunos de los diversos organismos vinculados al tema.
Además de centralizarlos en sus funciones, el Estado debe responder con presteza, y sobre la marcha, los desafíos que les surgen individualmente a las entidades que operan contra la violencia. Tal es el caso de la red de casas de acogida para guarecer junto a sus hijos a mujeres amenazadas. Los espacios destinados a esta encomiable labor por la Procuraduría General para Asuntos de la Mujer resultan insuficientes, causándose un vacío en la tarea de proteger a seres indefensos que debe ser conjurado con presteza.