Con la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, se completó el secuestro de los poderes públicos de parte del Presidente y el Partido de la Liberación Dominicana. Conviene revisar aquí sumariamente este proceso y sus efectos sobre la sociedad dominicana.

A partir del año 2004, el gobierno del PLD ha seguido un curso de acumulación de poder y riquezas, destinado a secuestrar indefinidamente la voluntad política del pueblo dominicano y a sustituir a las élites empresariales y sociales del país por una camarilla representada por el Comité Político de esa organización y algunos altos oficiales y empresarios sin escrúpulos.

Prevalidos de una mayoría congresional en el periodo 2006-2010, Leonel y compartes modificaron la Constitución en el 2010 a su manera, y con una Junta Central Electoral complaciente, comprar votos a boca de urnas y manipular los resultados que le permitieron copar totalmente el Senado de la República, y una mayoría sustancial en la Cámara de Diputados y los pequeños municipios.

En poco tiempo y gracias a la multiplicación por tres de la deuda pública nacional e internacional, este gobierno duplicó los empleados públicos, sus nóminas y nominillas, llevó a más de 2,500 los altos cargos que consumen  gran parte del Presupuesto; Ministros, Viceministros, Administradores de grandes organismos autónomos, Senadores, Diputados, Alcaldes  y  Miembros de las Altas Cortes, diplomáticos y cónsules, aparte de los contratistas privilegiados y cómplices de la “lumpen democracia” y la “lumpen burguesía” que ha estado construyendo, remedando las expresiones del sociólogo alemán Günther Frank.

Al parecer le dirección del PLD no quedó conforme con haber cedido la Presidencia de la Cámara de Cuentas a una dirigente reformista pro PLD, pero no incondicional del gobierno; y en la JCE a un miembro pro PRD, que les resultan irritantes a  su “PAX PLD”  por sus denuncias y declaraciones.   En el CNM, el PLD tiene el poder reforzado, ya que ahora el voto del Presidente de la República vale por tres, con un Procurador General designado por Decreto y el valor doble del que preside en la nueva Constitución, y en el Reglamento de éste.

En el Tribunal Supremo Electoral no hay más que representantes del PLD, alguno con influencia también de la Iglesia Católica.  Marino Mendoza no es del PRD.

En la Suprema Corte de Justicia se borraron todos los que olían al PRD o independientes como Subero Isa y tres más.  Ahora la dirigirá un cuadro del PLD.  Hay allí además un par de jueces sin militancia conocida y un Vicepresidente afín a la Iglesia.

En cuanto al Tribunal Constitucional, el Presidente del nuevo organismo hace tiempo que está al servicio del poder constituido y no es del PRD.  El único nominalmente perredeísta es un feroz opositor al candidato presidencial de ese partido, y por tanto nada confiable para fines prácticos.

El pueblo dominicano está decidido a salir de la plaga morada que lo azota y nada impedirá que la saque del Palacio Nacional con una avalancha de votos.