Las últimas denuncias de la existencia de supuestas cuentas bancarias, pertenecientes a altos funcionarios del presente gobierno y sobre todo, la última que se le atribuye a la señora Margarita Cedeño por un monto de 43 millones de euros, que se dice estarían depositados en banco danés, sitúan al Partido de la Liberación Dominicana y a su boleta electoral en una situación de inocultable dificultad. 

La reacción de la máxima dirección de ese partido y la de la propia señora Cedeño, son indicadores de esa circunstancia. Ante un problema que es esencialmente político, han querido llevarlo al plano de la justicia y aunque no renuncien a ese recurso, es algo inapropiado en una coyuntura electoral.

El Comité político del PLD, del cual es presidente el primer mandatario de la nación, se limita a la amenaza con acciones legales contra los actuales y los eventuales denunciantes, cuando lo que debía hacer  es lo que el sentido común dicta que se haga: una petición al banco donde estarían las referidas cuentas para que este emita una certificación, donde diga que no tiene ninguna cuenta a nombre de esa persona.

De ese modo, se pondría pronto final a un problema que en un proceso electoral se hace más complicado y delicado, cuyas consecuencias podrían ser irremediablemente corrosivas para las aspiraciones de un binomio electoral que fue acordado en un ambiente para muchos realmente enrarecido y trágico para otros tantos. Mientras más tiempo se dure en despejar este primer grave escollo que se interpone a la candidata vicepresidencial peledeísta y  que pone a prueba su capacidad política, más se complicará la campaña peledeísta.

En la denuncia de la cuenta de los 43 millones de euros estarían involucrados instituciones para estatales como funcionarios del presente gobierno; el silencio ha sido la respuesta de estos y eso, lejos de  atenuar el debate en torno a la denuncia, lo amplía y con ello el peligro que se cierne sobre la boleta presidencial peledeísta.

Estas no serán las únicas denuncias sobre reales o supuestas cuentas bancarias secretas de funcionarios públicos, se anuncian otras y habría que esperar que algunas sean de mucho mayor calado.  Es lógico pensar que tanto dinero, que se afirma que se ha sido saqueado del erario por funcionarios de éste y de anteriores gobiernos, estaría depositado en cuentas bancarias en el país y el extranjero.

De materializarse la amenaza de que se harán otras denuncias de corrupción y de uso criminal de los recursos públicos, de la guerra de las encuestas pasaríamos a la guerra de las denuncias. Ojalá esto se produjese, ojalá la oposición tenga el sentido de responsabilidad de sacar todo el pus que acumula un sistema que se ha sostenido por incapacidad y la falta de coraje de quienes mejor situados están para ponerle fin a la impunidad en que discurren las actividades de los poderes fácticos y formales de este país.

Eso no sería campaña sucia. Todo lo contrario, sería purificadora si se basa en denuncias con pruebas verídicas que las sustenten. De ella saldría indemne sólo quien tenga claras sus cuentas: las de aquí y las de allá.