Las recomendaciones de la comisión que investigó los negocios inmobiliarios del CEA a raíz del asesinato de dos comunicadores y el suicidio del homicida en San Pedro de Macorís, abren la oportunidad de sanear de pies a cabeza ese complejo agroindustrial y permitir que el Ministerio Público escudriñe para detectar posibles acciones dolosas en perjuicio del Estado y de terceros. Es oportuno su consejo de que sean rescindidos todos los contratos inmobiliarios que no estén debidamente cerrados.
No es de ahora que las operaciones inmobiliarias del CEA están bajo sospecha de irregularidades, venta y reventa de una misma propiedad a varias personas y otras acciones que riñen con la ética y las normas administrativas más elementales. Ahora el Ministerio Público debe hacer una investigación profunda y disponer, en caso necesario, los sometimientos judiciales que resulten de lugar. Es de orden que se practique una auditoría forense como parte del experticio.
Con el del CEA, suman dos los escándalos de irregularidades muy graves cometidas en instituciones que deberían proteger el patrimonio público. El primero fue el de CORDE por el traspaso irregular de los terrenos de Los Tres Brazos. Es evidente la falta de supervisión eficaz sobre estas entidades oficiales. Basta ya de paños tibios.

Extravío de prioridades

Que el Estado dominicano gaste RD$2,100 millones anuales en salud de adolescentes embarazadas podría ser entendible si una cantidad igual o mayor se invirtiera en prevención de la preñez precoz. Pero resulta que los gastos en la salud y partos de las embarazadas supera en 33 veces lo invertido en políticas encaminadas a orientación y planificación de nuestras muchachas para evitar los embarazos.
Esa desproporción hace evidente una grave confusión de las prioridades de nuestra sociedad en ese ámbito, en momentos en que el país está entre los cinco latinoamericanos con más embarazos de menores y adolescentes. Hay que invertir en orientación familiar y escolar, y vencer los pruritos dogmáticos y de otras naturalezas que impiden la repartición de preservativos entre los jóvenes.