Seis de los candidatos presidenciales de oposición que participaron en las elecciones pasadas llamaron ayer a la sociedad dominicana a exigir la formación de una nueva Junta Central Electoral (JCE) y un Tribunal Superior Electoral (TSE) independientes, creíbles y confiables para que pueda lograse la reforma democrática integral que el país necesita.

En un comunicado en espacio pagado, Luis Abinader, del PRM; Guillermo Moreno, de AlPaís; Elías Wessin Chávez, del PQDC; Pelegrín Castillo, de la FNP; Minou Tavárez Mirabal, de la APD, y Soraya Aquino, del PUN, dijeron que lo que define un sistema democrático es el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes con libertad, equidad y transparencia.

En ese sentido, reafirmaron su convicción de que las elecciones de mayo pasado fueron las menos transparentes y “más corruptas de las últimas décadas”.

Además de eso, dijeron que estuvieron plagadas de acciones fraudulentas, delitos electorales e irregularidades de todo tipo que viciaron los resultados.

JCE parcializada. Los exaspirante a la presidencia manifestaron que la JCE, además de actuar de manera parcializada hacia el Presidente y candidato a la reelección, fue incapaz de organizar un proceso diáfano, transparente y legítimo.

“Todos los hechos que alteraron los resultados del pasado certamen electoral fueron constatados por los organismos internacionales que participaron como observadores, tanto por la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)”, dijeron.

Ante el colapso que, indicaron, ha sufrido el sistema electoral, la pérdida generalizada de confianza y la erosión progresiva del sistema político-institucional que ha puesto en peligro la sociedad, es necesario que sean tomadas medidas urgentes para restaurar la institucionalidad democrática y garantizar la gobernabilidad.

Renovar órganos electorales. Dijeron que una de las primeras medidas a adoptar es la rehabilitación de los órganos electorales llamados a organizar y dirimir los conflictos en la materia, ya que los actuales están al servicio del partido gobernante.

Exigieron la constitución de una JCE y un TSE imparciales, que no estén al servicio de los partidos políticos y que sus integrantes sean escogidos en razón de su probidad, capacidad profesional y no por vínculos partidarios.

Del mismo modo, pidieron la aprobación de una Ley Electoral que prohiba el uso y abuso de la función pública y de los recursos del Estado. Dicen que las reglas de juego vigentes no ofrecen garantías de una participación justa en las contiendas electorales.
“Exigimos también una Ley de Partidos que sea digna de ese nombre. Una ley que reglamente y transparente los recursos que entran a las organizaciones políticas”, dijeron.