La oposición venezolana, dividida y con una crisis de liderazgo, deberá resolver si participa en las presidenciales del 22 de abril, unas elecciones que auguran más aislamiento internacional para el gobierno de Nicolás Maduro y deterioro económico.
Los adversarios de Maduro recibieron como un mazazo la decisión del poder electoral de fijar la fecha de los comicios anticipados, tras naufragar el miércoles una negociación con el gobierno para consensuar ese punto y las garantías del proceso.
«Somos como boxeadores que hemos recibido tantos golpes que estamos aturdidos», admitió este jueves Julio Borges, jefe negociador de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que acusa el ente electoral de servir al gobierno. Como un primer sacudón, Borges anunció reuniones entre líderes de la MUD y sectores sociales para trazar el camino a seguir, además de una nueva gira internacional para denunciar la crisis política y socioeconómica.
Y reconociendo que uno de los mayores escollos de la alianza son sus hondas divisiones, llamó a la unidad para impedir la reelección de Maduro por seis años más. «Sin unidad, estamos muertos», advirtió. El adelanto de las votaciones fue rechazado por Estados Unidos y la Eurocámara, que prometieron no quedarse de brazos cruzados.
La MUD -integrada por una treintena de partidos- está dividida por diferencias sobre la estrategia para sacar a Maduro del poder, objetivo que tuvo un capítulo dramático en 2017 con protestas que dejaron unos 125 muertos. Y luce débil, con sus principales líderes inhabilitados políticamente y la desconfianza de un sector por haber dialogado con un gobierno al que tilda de «dictadura».