La mayoría nuestros legisladores no hacen nada, aparte de nadar en el dinero público que por ley reciben y por la auto asignación de recursos a través de los irritantes “cofrecitos” y “barrilitos” (de hecho, convertidos en ley). Quizás porque no “tienen oficio”, a veces algunos se disparan con disparates como el de esa legisladora que pretende introducir un proyecto de ley, para seguir desguazando el territorio, para crear otra provincia en el área del Gran Santo Domingo. Esa locura, sin embargo, permite replantear el tema del ordenamiento territorial.

En esencia, nuestros legisladores, sin otro objetivo que no sea el de crear fuente de empleos para las militancias partidarias, de hecho y sin derecho han asumido la tarea de fragmentar el territorio con el falso argumento de hacer más eficiente la administración del mismo. En ese sentido, en nuestro país se ha impuesto el absurdo de querer establecer un ordenamiento de territorio basado en meras divisiones del mismo, arrojándose el Congreso Nacional la absoluta competencia para tal fin, a pesar de que la misma recae fundamentalmente en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, DGOTD.

El resultado es que se ha creado una cantidad de provincias, municipios y distritos municipales sin ninguna relación con las dimensión real del país y en muchos casos, en franca violación a la Ley 176-07 que rige el Régimen Municipal y sin reflexionar si las entidades creadas reúnen las condiciones sociológicas, económicas y de infraestructuras mínimas que les permitan auto gobernarse. Pero no es solamente el Congreso que viola esa ley, sino que en su funcionamiento, la generalidad de los gobiernos locales también lo hacen más allá de lo tolerable.

En efecto, por ley todo nuevo municipio creado o segregado de otro debe tener no menos de 15,000 habitantes, capacidad de generar por cuenta propia no menos de un 10% de su presupuesto y con las condiciones sociales y económicas básicas que permitan su viabilidad como ente descentralizado. Según la Cámara de Cuentas, un 36% de los municipios genera ingresos propios por debajo del 10%.

De 155 municipios, sólo un 33.5% tiene más de 15,000 habitantes y 31 tienen menos de 10,000, que es la cantidad requerida para crear un distrito municipal. La mitad (50.4%) de los distritos municipales existentes al 2010 tenía menos de 5,000 habitantes, con una población promedio de 3,156 personas.

La creación de distritos municipales no se establece de acuerdo a un riguroso criterio espacial/poblacional. Por ejemplo, la provincia de Azua que tiene 214,311 habitantes, cuenta con 22; la provincia Santo Domingo que tiene más de dos millones de habitantes tiene 8, La Romana, El Seibo y San Pedro de Macorís solamente tienen 2 y Santiago Rodríguez ninguno.

Estos ejemplos evidencian una incoherente política de intervención sobre el territorio de parte de nuestras autoridades que lejos de ordenarlo, lo dispersa y fragmenta. Es necesario promover una nueva forma de intervención pública y privada sobre el territorio, donde la organización del mismo se oriente en el sentido de la promoción del desarrollo local y enfrente las grandes desigualdades territoriales del país. No para complacer caprichos o intereses individuales.