Organizaciones de Santiago se quejan impunidad sacerdotes

SANTIAGO.- Diversas organizaciones feministas y sociales  de esta ciudad expresaron ayer preocupación por el silencio que ha mantenido la Iglesia Católica ante los casos de abusos y violaciones sexuales clericales contra menores de edad, denunciados en los últimos años en la región Norte del país, por lo que exigieron que respondan por los acontecimientos. Las dirigentes feministas Raquel Rivera, Gloria Ramos,  Manuela Vargas,  dieron a conocer el documento durante rueda de prensa. Hoy/Yeraldo Cruz 11/9/12
SANTIAGO.- Diversas organizaciones feministas y sociales de esta ciudad expresaron ayer preocupación por el silencio que ha mantenido la Iglesia Católica ante los casos de abusos y violaciones sexuales clericales contra menores de edad, denunciados en los últimos años en la región Norte del país, por lo que exigieron que respondan por los acontecimientos. Las dirigentes feministas Raquel Rivera, Gloria Ramos, Manuela Vargas, dieron a conocer el documento durante rueda de prensa. Hoy/Yeraldo Cruz 11/9/12

Santiago
Diversas organizaciones feministas y sociales expresaron ayer preocupación por el silencio que ha mantenido la Iglesia Católica ante los casos de abusos y violaciones sexuales clericales contra menores de edad que han sido denunciados en los últimos años en la región Norte del país, por lo que exigieron que respondan por los acontecimientos.
Criticaron que hasta el momento no se haya respondido a ninguna de las posibles víctimas que han denunciado esos abusos.
“Estamos solicitando un pronunciamiento oficial sobre este tipo de crímenes horribles cometidos por sacerdotes consagrados”, sostuvieron en un documento.
Recordaron casos en los que se iniciaron los procesos judiciales pero terminaron impunes. En algunos, dicen, hubo francas negociaciones con las autoridades de la justicia, tal como lo que sucedió en La Vega, donde una mujer acusó al padre Francisco Batista (Pancho), superior de la Congregación Salesiana, de haberla violado y obligarla a abortar cuando era menor de edad en los años 1991-1992.
Además, citaron que en Constanza varias menores acusaron al sacerdote Juan Manuel Mota de Jesús (Johnny) de violarlas sexualmente desde 2007 al 2010 y fue exonerado por “faltas de pruebas” pero sancionado como culpable por el Vaticano con la separación de su ministerio.
Las organizaciones también hicieron referencia al padre Alberto Gil, de origen polaco, acusado en el 2013 de violar sexualmente a siete niños, logrando escapar del país pero procesado formalmente por la Fiscalía de Polonia como culpable.
Igualmente, citaron el caso de Bonao, donde el padre Zacarías Cordero Liriano se le acusó con el 2012 de violar sexualmente a una menor de 15 años, criada por sus abuelos, personas de confianza del sacerdote.
Cordero Liriano recibió medida de coerción de tres meses de prisión preventiva y luego lo descargaron por insuficiencia de pruebas en los tribunales. También fue separado por el Vaticano de su ministerio.


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