Las organizaciones sociales y ciudadanos independientes convocantes de la Marcha del Fin de la Impunidad solicitaron hoy a la Cámara de Cuentas la inspección de las declaraciones juradas de patrimonio de todos los funcionarios que tuvieron relaciones con Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha.

En la misiva de solicitud el grupo sostiene que las declaraciones juradas de patrimonio constituyen un mecanismo eficaz para identificar posibles situaciones de enriquecimiento ilícito, prevenir y detectar casos de conflictos de interés de los servidores  públicos que han tenido relación con la corrupta multinacional brasileña en los últimos años.

En específico, los activistas solicitaron que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, organismo especial de la Cámara de Cuentas, inspeccione las declaraciones juradas del presidente Danilo Medina, los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, así como las de los   senadores y diputados, el Procurador General de la República, el ministro y ex ministros de Obras Públicas, directores y ex directores del ramo de la construcción gubernamental.

“La Constitución dominicana en su artículo 146, numeral 3, indica la obligación de los funcionarios de presentar declaración jurada de bienes. Además establece que a estos les corresponde probar siempre el origen de sus bienes, antes o después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de la autoridad competente. Este procedimiento constituye una inversión con rango constitucional del fardo de la prueba”, se destaca en el documento de solicitud.

La solicitud está firmada por Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana; Bartolomé Pujals, de Poder Ciudadano; y Fernando Henríquez, del Centro Juan XXIII.