Los territorios, autónomos o no, generan vectores de conducta social que impactan poderosamente en su devenir económico y financiero.
El caso de Borinquen no es una excepción. En sus años dorados, Puerto Rico logro índices de crecimiento fabulosos, pero a un costo muy por encima de sus capacidades de retribución fiscal y sostenibilidad de su crecimiento económico.
Hoy día vemos las consecuencias de esa imprevisión, reflejada en niveles de deuda Pública y Privada por encima de los US$71,000,000,000.00 hecho que ha motivado una intervención financiera (llamada eufemísticamente “reestructuración de la deuda”) en ese territorio norteamericano, por parte del Congreso de esa nación.

Como podemos apreciar, del 1985 al 2016, el incremento, cada cinco años, se sitúa en un porcentaje que va de un 108% hasta un 156%. El mayor incremento se registró del 1970 al 1975 (308.56%). El menor fue del 1965 al 1970 (13.60%)
A partir del 1973, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), inició un reajuste presupuestal basado en cubrir los déficits de caja a través de préstamos, de corto y largo plazos. Estos compromisos financieros se centraron hacia el gasto de nómina, subsidios y supernumerarios, dejando atrás las inversiones en bienes de capital y/o el desarrollo de nuevos proyectos.
Sin embargo, al amparo de concesiones fiscales inauditas, el ELA logró traer muchísimas empresas, creando así múltiples fuentes de trabajo que mantenía una distribución del ingreso dinámica y aceptable.
Cuando el Congreso de los EUA eliminó, en el 1996, la Sección 936 de la reglamentación fiscal federal, entonces el ELA se ve imposibilitado de retener esas empresas y en unos cuatro años se “esfumaron” casi 200,000 puestos de trabajo. La Sección 936 fue un mecanismo de compensación fiscal que se aplicaba a las empresas, de bienes y servicios estadounidenses, que invirtieran en Puerto Rico.
Es a partir de este lustro, 1995-1970 que se inicia una espiral inflacionaria que, con un voraz apetito, se tragaba los recursos provenientes de la emisión de valores y títulos amparados por el ELA. Esta situación entrópica ha generado un déficit insostenible que amenaza con disminuir considerablemente los indicadores del PIB. Además, ha contribuido al aumento de los indicadores de pobreza, el desempleo. el nivel de vida, la salubridad y la educación.
Como Puerto Rico no puede acogerse al Capítulo 9, de la Ley de Quiebras estadounidense, el Congreso de ese país ha elaborado un mecanismo especial, de supervisión y arbitraje, que establece la creación de una junta de control de siete miembros, nombrada por el Congreso y el Presidente, que supervisaría la reestructuración de parte de la deuda, ordenada por un juez. También exigiría que el gobierno puertorriqueño presente presupuestos y cree un plan para incorporar la responsabilidad fiscal y lograr acceso futuro a los mercados financieros. La junta también se encargaría de defender los derechos legales de los acreedores y apalancar el déficit en las pensiones, en una isla que tiene un agujero en su sistema de pensiones de más de 40,000 millones de dólares.
Obviamente que esta disposición colide con los principios autonómicos del ELA y presenta un cuadro de rigor que a muchos puertorriqueños les disgusta.
Una vez más, queda demostrado que el financiamiento de los presupuestos deficitarios, a través del endeudamiento, solo produce situaciones difíciles para los estados o territorios. El gasto alegre, donde se vive el presente en base al valor futuro de ese bienestar, induce a una proclividad malsana en el manejo de las finanzas públicas. En el caso de Puerto Rico, que quería manjares, solo le darán “Ham and Eggs”.