El licenciado Eddy Olivares Ortega, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE),  presentó esta semana un Proyecto de Reglamento para la Organización, Fiscalización y Supervisión de las Primarias, Asambleas y Convenciones de los Partidos Políticos, amparado en la Constitución y la Ley Electoral.

Es el cuarto intento por regular las elecciones internas de los partidos en los últimos seis años, y luce que también será fallido por el escaso interés de sus dirigentes  en someterse a regulaciones, más aún cuando ya están en marcha las precampañas de las agrupaciones  mayoritarias para sus candidaturas del 2012. 

La democracia interna.  El objetivo fundamental del proyecto propuesto es establecer “la participación del órgano electoral en la organización de las primarias, convenciones y asambleas de los partidos políticos, en las que se eligen los candidatos a los cargos de elección popular y su rol de fiscalizador y supervisor de las mismas, con el propósito de garantizar la democracia interna y la transparencia de los Partidos y Agrupaciones Políticas reconocidas”.

La propuesta de 17 artículos limitaría a 45 días las precampañas de los partidos y su radio de acción a su “ámbito interno” para “evitar que se constituyan en campañas de carácter público que puedan afectar la paz y tranquilidad de la ciudadanía”,  y prohibiría “terminantemente” el uso y abuso de los recursos de los organismos estatales en las actividades partidistas.

Así mismo el proyecto faculta a la JCE a monitorizar los anuncios de las instituciones estatales, centrales, autónomas y municipales, para evitar que promuevan candidaturas directa o indirectamente. Los medios de comunicación sólo podrán publicar publicidad de precandidatos durante los 45 días que dure la campaña de cada partido. El monto a invertir por cada precandidato deberá ser consignado en un presupuesto que será presentado a la JCE al inicio de la campaña.

La organización de las votaciones, desde el suministro del padrón electoral, la asignación de los centros de votación y el personal operativo de éstos hasta el escrutinio y tramitación de los resultados, quedaría a cargo de la JCE, de aprobarse la propuesta del licenciado Olivares, dirigida el 30 de noviembre al presidente y demás integrantes del organismo rector.

El proyecto establece que la inscripción de los precandidatos será gratuita “quedando terminantemente prohibido el cobro de cuotas por este concepto”, garantizando el derecho de militantes y simpatizantes de los partidos cuando cumplan con los requisitos estatutarios.

Evidentes inconsistencias.  Aunque bien fundamentado en los artículos 21 y 22  de la Constitución de la República y en la Ley Electoral, el proyecto tendría que ser perfeccionado, empezando porque no establece un régimen de sanciones, limitándose a  simples admoniciones y advertencias a los precandidatos y sus seguidores sobre “la obligación de corregir las irregularidades y violaciones a la ley, los estatutos y los reglamentos que sean comprobadas”.

La ausencia o debilidad del régimen de sanciones es una de las fallas más consistentemente señaladas a la legislación electoral dominicana, dejando al organismo arbitral en el papel de simple admonitor.

La pieza carga a la JCE todo el proceso organizativo de las elecciones primarias  pero al no señalar quién cubrirá los costos, los traspasa implícitamente al organismo, lo que implica un financiamiento adicional a los partidos, aparte del que establece la Ley Electoral de 0.50% de los ingresos nacionales en los años de elecciones y 0.25% en los demás.  Al no establecer una fecha única para las elecciones primarias de todos los partidos, el proyecto complicaría desproporcionadamente el trabajo y los costos operativos y de materiales por parte de la JCE.

El título mismo del proyecto rebasa con mucho su contenido, pues aunque abarca las asambleas y convenciones de los partidos, el articulado sólo se refiere a las elecciones primarias. Tampoco contiene previsiones para evitar que los dirigentes de los partidos abusen de sus posiciones para imponerse a los demás aspirantes a cargos electivos, que es uno de los problemas de la democracia interna de los partidos.

¿Otro intento fallido?  El proyecto del licenciado Olivares, a quien se vincula con el Partido Revolucionario Dominicano, está llamado a  convertirse en el cuarto intento fallido por regular las actividades de los partidos políticos y las precampañas y campañas electorales presentados en los últimos seis años.

El primero fue el que llegó más lejos cuando en agosto del 2004  el Congreso, entonces de mayoría perredeísta, aprobó la Ley 286-04 que instituía las  elecciones primarias de todos los partidos en una misma fecha y bajo la jurisdicción de la JCE, la que en marzo del 2005 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Luego, en el 2007, la JCE consumió varios meses discutiendo un proyecto de reglamento para la campaña electoral y las votaciones primarias, el cual quedó archivado cuando los partidos mayoritarios lo objetaron aduciendo, entre otros argumentos, que eso era propio de una Ley General de Partidos Políticos y que ya no había tiempo para implementarlo en los comicios presidenciales del 2008.

Antecediendo a las elecciones congresuales y municipales del 2010, el debate se centró en la aprobación de un proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas consensuado durante 13 años entre dirigentes políticos y de organizaciones sociales. La pieza fue aprobada por la Cámara de Diputados en agosto del 2009 pero quedó sin efecto al concluir la legislatura sin llegar siquiera al Senado.

El proyecto de Ley de Partidos fue objeto de las negociaciones abiertas entre los dos partidos mayoritarios tras el pacto que viabilizó la aprobación de la Constitución del presidente Leonel Fernández, firmado  por este y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado en mayo del 2007 y ratificado posteriormente por los órganos directivos de sus organizaciones.

Los perredeístas llegaron a condicionar su respaldo al proyecto de Constitución, a que previamente se aprobara la Ley de Partidos, pero ambas partes anunciaron después que  la conocerían después que terminan con la Carta Magna. Aunque esto ocurrió en octubre del año pasado, 14 meses después no se ha cumplido el compromiso.

Es evidente que el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Leonel Fernández le dieron largas a la aprobación del proyecto de Ley de Partidos, mientras el  Revolucionario Dominicano insistía en el mismo tratando de que ayudara a contener el abuso de recursos estatales en la campaña electoral, pero transcurrido el proceso parece también haberse olvidado del asunto.

Ni voluntad ni tiempo

Ninguno de los partidos que dominan el escenario político y el Congreso parece estar empeñado en estos momentos en regular la precampaña. En las cúpulas partidarias no se advierte voluntad política para establecer regulaciones que en muchos casos mermarían su amplio margen de maniobras.

Aunque bien visto el proyecto de Olivares, sin sanciones coercitivas, podrían aceptarlo atraídos por el financiamiento adicional que implica y porque le quitaría  de encima los problemas organizativos y logísticos de las elecciones primarias.

Sin embargo, dado que el proyecto tendría que ser considerado por el pleno de la JCE está remitido por lo menos para un par de meses, incluyendo consultas a los partidos políticos, y luego faltaría que lo aprobaran las cámaras legislativas. Las perspectivas apuntan a que de nuevo se argumente que no hay tiempo, ya que los dos partidos mayoritarios están inmersos ya en su campaña interna, especialmente el de oposición, que programa su elección de candidato para marzo.

De cualquier forma el muro mayor que encontrará el proyecto es la decadencia de la democracia interna en los partidos, convertidos en corporaciones al servicio de  las cúpulas dirigenciales, como ha quedado de manifiesto en las últimas escogencias de candidatos y en la reciente auto prórroga por cinco años de los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno y mayoritario en el Congreso Nacional.