Un informe de Oxfam sugiere replantear el perfil de financiamiento a las labores de reducción de riesgos ante desastres y que se otorguen recursos para las acciones de prevención y mitigación y no solo para la respuesta.
Indica que los fondos en gestión de riesgos ante desastres se podrían triplicar solo ajustando partidas como publicidad y propaganda estatal, viáticos y los recursos a libre discrecionalidad del Presidente de la República. Incluso, si a estos ajustes se le suma una reestructuración de las 77 entidades que actualmente duplican funciones en el Estado, se podría obtener el 0.5% del PIB que el Gobierno requeriría ante una eventual emergencia.
Así se establece en el informe titulado: “La deuda eterna de República Dominicana con la prevención de desastres”, preparado por Rafael Jovine y Carlos Arenas, quienes señalan que el el esquema de financiamiento a las labores de reducción de riesgos ante desastres debe ser coherente con la dimensión integral del problema.
Explican que el Fondo de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastre que prevé la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, es un instrumento fundamental para promover esta dimensión integral, por tanto, requiere ser nutrido con las fuentes de financiamiento que se describen en la legislación. Sin embargo aun en las acciones de respuesta, que es donde más recursos prevé invertir cada año el Gobierno central, en el denominado fondo para calamidades públicas (1% del presupuesto), apenas se asigna anualmente la décima parte de lo previsto.
“Esto equivale al 0.01% del PIB en el año 2018 y se mantiene en torno a esta cifra durante el período fiscal 2019-2021. El Gobierno dominicano solo ponderaría la posibilidad de inyectar más recursos, hasta un 0.5% del PIB adicional, si se declara el estado de emergencia, en cuyo caso la mitad de esos fondos adicionales vendrían por préstamos”.
Gas licuado. En el informe se explica que en materia tributaria el Gobierno prevé nutrir el referido fondo de calamidades públicas (respuesta) por medio del desmonte de un privilegio o “incentivo a la inversión” a sectores importadores de gas licuado de petróleo. Sin embargo, la adenda presupuestaria presentada al Congreso no contempla las previsiones de los recursos fruto de este ajuste.
Indica que tampoco se establece como compromiso reducir la dependencia del financiamiento sobre el cual descansa la mayor parte de las intervenciones en materia de reducción de riesgo. “Es pertinente que estos aspectos queden detallado en la planificación anual, a fin de prever el uso de estos recursos y ampliar su marco de acción a labores de prevención y mitigación”, aconseja.
Señala que las apropiaciones presupuestarias para aumentar resiliencia son escasas, lo cual es especialmente preocupante en el marco de un país que se encuentra la mitad del año bajo alerta de paso de algún fenómeno hidrometeorológico.