Un informe de la organización internacional Oxfam revela que el Estado dominicano gasta unos 90 mil millones de pesos al año en gastos innecesarios, de los que fácilmente puede prescindir y reasignar esos recursos a educación, vivienda y salud.
El estudio “Se buscan: recursos para garantizar derechos”, lo presentó anoche Rosa Cañete, coordinadora de campaña de esa entidad y autora del informe junto a Rafael Jovine, en un acto en el hotel Crowne Plaza.
Indica que para este año el monto de los fondos “malgastados sobrepasa los RD$90,000 millones, equivalente a cerca del 13% del gasto total del Gobierno central”.
Estima que unos RD$26 mil millones se van en corrupción de diversos tipos; otros RD$39 mil millones en botellas y duplicidad de funciones, entre otros gastos, entre los que cita fondos para uso discrecional; publicidad, con RD$3,373.5 millones; viáticos, clientelismo, que podrían representar ahorros superiores a los RD$5,000 millones.
Explica que para determinar esas cifras se estudiaron cinco áreas en las que se estimó que el Gobierno malgasta el 2.5% del PIB al año, siendo el uso político de la nómina pública (o “botellas”), el que concentra el 53% del volumen total del malgasto.
Otras áreas identificadas van desde corrupción, entidades que duplican funciones, consejos y comisiones que no muestran actividad; uso clientelar de instituciones y gasto desmedido en publicidad y propaganda.
Indica que esos recursos serían suficientes para financiar políticas públicas urgentes, de cara a la garantía de derechos a toda la población por igual.

“Por concepto de las denominadas “botellas”, existe un espacio fiscal ascendente a unos RD$39,000 millones en el año 2017, equivalente al 1.1% del PIB”.

Señala que la corrupción tiene un costo anual estimado en unos RD$26,000 millones, el 0.7% del PIB en 2017. “Este volumen de recursos es 3.5 veces superior al presupuesto dedicado este año a la educación inicial, y más de dos veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable”.
El informe identifica indicios de duplicidades de funciones en al menos 77 instituciones públicas, de las cuales 34 son dependencias sectoriales y 43 consejos o comisiones.
Aclara que aunque en principio eso se trate de un estudio exploratorio que amerita que cada caso sea estudiado a profundidad, “se abre la posibilidad de un ahorro potencial de casi RD$13,000 millones, equivalente al 0.4% del PIB, casi 11 veces superior a lo asignado a vivienda social”.

Sobre los gastos “con alto potencial de ser dispuestos para uso clientelar, como la publicidad, los viáticos o los fondos para uso discrecional del Presidente, se proponen medidas que tendrían un ahorro de unos RD$5,000 millones o el 0.1 por ciento del PIB”.
Los comentarios sobre el informe estuvieron a cargo Pavel Isa Contreras, la diputada Faride Raful y Carlos Pimentel, quienes consideraron preocupantes los datos que arroja el informe.