Preocupación y escepticismo se derivan del retraso en procurar un pacto entre todos los agentes del sector eléctrico y el Gobierno. Se percibe cierto riesgo de que por falta de nuevas reglas a estas alturas del juego sobrevengan decisiones controversiales sobre infraestructuras que pequen de unilaterales y que no se deriven de estudios confiables sobre lo que más conviene al país. La historia del sector energético dominicano es una historia de desaciertos en varios sentidos como la firma onerosa de compromisos de largo plazo con empresas generadoras y la instalación de un marco de distribución privada que luego hubo que echar atrás por frustratorio.

Otras pésimas consecuencias vinieron por instalar plantas que operan con los combustibles de alzas más intensas y que es preferible tenerlas apagadas. Ahora hay que pagarles mucho dinero mensualmente a los propietarios sin que aporten un solo vatio al sistema. En esto de la electricidad confluyen intereses que no necesariamente coinciden con los de la nación. Sería imprescindible armonizarlos y trazar límites a la búsqueda de lucro para configurar un parque eléctrico eficiente, reducir pérdidas técnicas y mejorar los cobros. El Estado tendría que esforzarse por un consenso a través de los mediadores aceptables para todos que están previstos, poniendo énfasis en disminuir la dependencia del petróleo y estimular alternativas amigables con el ambiente.

Las rigideces de unos precios

Al hablar de trigo, maíz y soya se hace referencia a los componentes básicos de unos comestibles de gran demanda en el país. Pan, pastas alimenticias, cerdos, pollos y huevos. Pero es también mencionar materias primas importadas que suelen montarse en un sube y baja de precios típico de los granos. Oscilan por variaciones de disponibilidad en el mundo y por ser objeto de especulación en las bolsas de valores.

En contraste, los artículos que se obtienen localmente de ellos salen a la venta con precios que solo cambian cuando se trata de subir. Los productores y distribuidores de tales alimentos se benefician de cíclicas reducciones en los costos del exterior pero condenan al consumidor a la invariable obligación de pagarlos caros. La tendencia a la baja no existe para los precios finales en el comercio sujetos a una discrecionalidad en un mercado que dominan y al que imponen sus conveniencias.