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Después de largas jornadas de discusiones, miembros del Consejo Económico Social, funcionarios del sistema dominicano de instrucción pública, titulares de instituciones gubernamentales, rectores de universidades, dirigentes políticos, sindicales y comunitarios y otros actores de la sociedad dominicana, suscribieron, el 1° de abril del 2014, junto al Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, el Pacto Nacional por la Reforma Educativa de la República Dominicana 2014-2030, con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas a los problemas que afectan la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas y en los colegios privados. Todo ello, bajo el entendido de que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República y que “toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Dicho Pacto consigna “que es obligación del Estado Dominicano financiar la educación pública en todos los niveles, grados y modalidades” y que la misma es la herramienta más poderosa para realizar las transformaciones requeridas en la sociedad dominicana. Diferente a lo ocurrido con el Pacto Eléctrico, en donde todavía las autoridades gubernamentales y los diferentes sectores involucrados en el mismo no han logrado un consenso en cuanto a su alcance y contenido, esta vez pudimos arribar a un acuerdo consensuado en materia de instrucción pública respecto a qué hacer y cómo hacerlo para alcanzar los fines deseados.
Tenemos entendido que el Plan Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 establece el marco para una amplia experiencia educativa que tardará años en desarrollarse. Y que nadie, absolutamente nadie, puede prever con certeza cuál será el resultado de sus diversas innovaciones. No nos cabe la menor duda de que en el trascurso de su aplicación hará falta introducir numerosas correcciones, por lo que será muy importante llevar a cabo, tal y como se ha venido haciendo, un control y evaluación continua del avance y progreso de la reforma, preferentemente por parte de analistas independientes que colaboren estrechamente con el Ministerio de Educación y con partes interesadas del sector privado.
En esta fase de desarrollo tan temprana del Plan de Reforma resultaría prematuro formular ningún juicio u opinión sobre si los requisitos más arriba expuestos llegarán a prevalecer y si se superarán los obstáculos que existen en potencia.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 descansa en el desarrollo de cinco grandes proyectos: Campaña Nacional de Alfabetización de Adultos; Formación y Capacitación Docente; Construcciones y Equipamientos de Aulas y Laboratorios; Tandas Extendidas; Uso de Tecnología en la Transmisión de Conocimientos. La exitosa culminación de todos estos proyectos demanda de una inversión en educación de parte del Estado de más un 4% de nuestro Producto Bruto Interno. Pero, los inconvenientes ya comienzan a aflorar: En efecto, en la página 12B del periódico HOY, en su edición correspondiente a 22 de enero del año en curso, aparecen unas declaraciones atribuida a la experta fiscal Germania Montás Yapur en el sentido de que la destacada profesional entiende que “son inviables los porcentajes del PIB asignados a renglones como educación” El vespertino El Nacional, en la página 5 de su edición correspondiente al 30 de enero del año en curso, trae la información de que suplidores del almuerzo escolar se disponen a suspender el almuerzo en las escuelas de jornadas extendidas. Sí esto es así, debemos ir formulando posibles alternativas con miras a evitar lo peor.