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Se nos hizo urgente el ampliar y consolidar los espacios de formación de nuestro Sistema de Instrucción Pública y, ante todo, encontrar articulaciones pertinentes entre tales procesos y nuestra vida económica, paso éste indispensable en un ordenamiento en plena gestación. Mientras que para los grandes países industrializados sus grandes desafíos tienen como punto de partida la satisfacción de elevados niveles de progreso para casi todas sus poblaciones y del alto dominio científico y tecnológico del que disponen países como el nuestro, en vía de desarrollo (por no decir otra cosa) se ven obligados a realizar una seria reestructuración de sus economías y ajustes que ponen en serio peligro su propia estabilidad; más claro aún, a tener que tolerar mayores niveles de dependencia externa.
Desde las últimas décadas del pasado siglo 20, los países de la América Española han venido realizado grandes esfuerzos en materia de ciencia y tecnología, claro está, en medio de las restricciones que la limitación de recursos les han impuesto. En ello han jugado un papel sobresaliente, algunos que otros organismos regionales de cooperación internacional. A ese marco se han vinculado otros actores directamente comprometidos con el progreso y el crecimiento económico, tales como las comunidades científicas y las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles han sido los resultados? La falta de espacio nos impide profundizar más en un tema tan importante como la ayuda que países pobres podrían recibir de los organismos regionales y de las organizaciones internacionales. Al menos deseamos dejar por sabido que la cooperación científica y tecnológica a la cual nos referimos pasa por acuerdos económicos globales entre las partes y por megaproyectos de alto significado para el crecimiento de cierto campo de la actividad económica. Como lo expresara en su oportunidad Gustavo López Ospina, Director de la CRESALC, “La velocidad de los cambios y de crecimiento constante en el dominio tecnológico internacional plantea a los países en desarrollo el reto de abordar, en niveles de excelencia comparables, aquellas áreas o campos considerados los más estratégicos para su futuro desarrollo y desempeño de un papel en la comunidad internacional”. Pero, debemos de tener muy en cuenta que el progreso tecnológico de un país no debe ser en sí mismo un proceso necesariamente anhelado. La capacidad tecnológica no es más que un instrumento, muy valioso por cierto, para alcanzar, concomitantemente con otras acciones, un estado de desarrollo social y económico que asegure una justa distribución de la riqueza.
Del Pacto Nacional por la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030), diseñado por todos nosotros en numerosas reuniones propositivas que abarcaron varios meses de discusión, debieron de emanar principios y orientaciones para definir y conducir las estructuras y los cambios de nuestro Sistema de Instrucción Pública. Pero, lamentablemente, estamos a punto de creer que no habrá de ser así.
Después de más de cuatro años de trabajo en estos menesteres, ya deberíamos haber alcanzado estos dos objetivos generales: el de definir los principios fundamentales que habrían de sustentar una profunda reforma de la educación preuniversitaria mediante la cual aquélla se convierta en promotora eficaz de una cultura de paz sobre la base de un desarrollo humano sostenible fundado en la equidad, la democracia, la justicia y la libertad; y el de contribuir a mejorar la pertinencia y calidad de nuestro Sistema de Instrucción Pública en lo relativo a las funciones docente, investigación y extensión.