El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) René Jáquez, afirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha logrado un impacto económico y social en todas las regiones del país, por la participación de los productores locales en el desayuno escolar.

Jáquez, quien expuso en el primer seminario de la Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur (Coopesur), recordó que el programa es financiado con una inversión de RD$7,000 millones anuales, de los cuales más de RD$4,000 millones se invierten en la compra de leche pasteurizada y UHT.

Dijo que “es obvio la importancia de preservar este programa, porque si alguna vez no existiera, sin dudas que las diez empresas que suplen esa leche tendrían dificultades, y lo mismo ocurriría a las que atraídas por el PAE están comenzando a instalarse”.

El funcionario habló sobre las relaciones entre el Inabie y los suplidores, ante sesenta líderes ganaderos y productores de leche asociados a Coopesur, reunidos el fin de semana en el hotel Palladium (antes Dominican Fiesta).

Señaló que prácticamente el ciento por ciento de los alimentos que consumen los escolares es producido por los productores de la propia región y contrastó que los nuevos criterios de licitación impiden que se repita el que 55 panaderías suplían todo antes. Ahora son 160.

Informó que ahora se distribuyen 2.6 millones de raciones alimentarias diarias (desayuno y almuerzo), sin incluir la merienda escolar.

Agregó que 1.7 millones de alumnos reciben una ración de alimentos diariamente, con una cobertura de 5,600 centros, el ciento por ciento de los niveles inicial y básico, y el 24% de la media.

Jáquez explicó que “establecimos un precio único para la adquisición de alimentos y otros servicios, al percatarnos de que la competencia de precios era el enemigo número uno para poder licitar la compra de alimentos que siempre era abortada”.

Dijo que así fue como el Inabie respondió para romper con la competencia aberrante entre suplidores oferentes, pues si se permitía una apertura al que más podía y quería, el programa caía en riesgo.

Dijo que “si una empresa suplidora argumenta dificultades para satisfacer los requerimientos y renuncia, automáticamente paraliza el programa de alimentación escolar, que fue reincorporado cuando eso ocurrió, pues habría sido desastroso permitir que fuera paralizado”.

El director ejecutivo del Inabie manifestó que por esas y otras razones también fue establecido como criterio el tope máximo de raciones por oferentes, lo que garantiza equilibrio y equidad.

Además se establecieron concesiones preferenciales para suplidores que utilizan insumos de fabricación nacional, con privilegios sobre aquellos que los importan.

Explicó que esa filosofía gubernamental asumida por Inabie se debe a la preocupación por los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-Cafta).

Dijo que “sin embargo, hallamos en el DR-Cafta un parrafito que dice que para los programas de alimentación escolar el tratado no es válido, lo que asumió entonces la Dirección General de Compras y Contrataciones”.