Pago puntual a las Mipyme

El impulso dado a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) ha sido una de las políticas más bien ponderadas de las gestiones de Gobierno del Presidente Danilo Medina. Para impulsar las iniciativas con ese objetivo se han hecho reformas estructurales para facilitar la formación de empresarios, la formalización de pequeñas empresas y se han creado facilidades de acceso a los créditos de la banca formal, y cada vez es mayor el número de pequeñas empresas que suplen al Estado de bienes y servicios. Los avances en este campo de la economía son indiscutibles.
Sin embargo, todo este avance podría ser seriamente afectado si las instituciones del Gobierno continúan la práctica de retrasar los pagos de los bienes y servicios que les suministran las Mipyme. La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), se queja porque hay entidades oficiales que tienen atrasos de hasta cinco meses en el pago de sus deudas con pequeñas empresas, lo que las coloca ante el riesgo de quedar descapitalizadas y perder sus créditos con la banca y suplidores de insumos.
El Gobierno tiene que lograr que sus dependencias sean puntuales en el pago de sus deudas con las Mipyme. La fragilidad financiera de este sector impide que resistan esta situación. Hay que evitar que la morosidad eche por tierra los beneficios logrados.

2016: mal año para el obrero

La fortaleza de la economía y las condiciones de vida de los trabajadores han mantenido sus signos opuestos también en este año que finaliza. Las tres principales centrales sindicales del país -CNTD, CASC y CNUS- le han puesto cifras a esa tendencia deficitaria, al señalar que durante 2016 el poder adquisitivo del salario declinó RD$13,000 millones por mes con una caída de RD$96,000 millones en el año para los asalariados.
Las causas de estas declinaciones están ligadas a la forma inequitativa de la distribución del ingreso, la falta de indexación salarial acorde con el costo de la vida y la inflación de los costos de servicios y bienes que la población paga para cubrir las deficiencias de servicios básicos como la salud y la electricidad. Y las circunstancias actuales no muestran indicios de que esto vaya a cambiar en 2017.


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