Pago puntual a los acreedores

Pago puntual a los acreedores

Una característica positiva del actual Gobierno es la democratización de las compras y contrataciones del Estado entre un gran número de pequeñas y medianas empresas. El criterio vale también para la adjudicación de obras a ingenieros individuales y pequeñas compañías constructoras, y para ilustrar esto basta citar la construcción de escuelas a nivel nacional. Desde este punto de vista, la acción del Gobierno beneficia a un gran número de familias.
Pero de la misma manera que el Gobierno se esfuerza por democratizar las compras y contrataciones, tiene que preocuparse por convertirse en un pagador puntual de las deudas que asume con suplidores que necesitan dinero para reponer inventarios. Por ejemplo, la Asociación Dominicana de Suplidores de Medicamentos (ADOSUME), que agrupa a 42 importadores y fabricantes nacionales, está reclamando el pago de 253 millones de pesos que el Gobierno les debe por concepto de venta de fármacos entre los años 2011 y 2014.
El atraso en los pagos de algunas acreencias le resta brillo a la política que procura favorecer con compras y contrataciones a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Honrar a tiempo los compromisos sería el complemento perfecto de una política cuyos beneficios son reconocidos. Como administrador del Estado, el Gobierno debe tener una imagen de cumplidor.

Un lado flaco en seguridad social

Si la seguridad social tiene flancos débiles, uno de ellos es la falta de medios efectivos para hacer que las ARS respeten el catálogo de cobertura de servicios aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. La Dirección de Información y Defensa del Afiliado (Dida) recibe cientos de quejas de asegurados a los que las Administradoras de Riesgos de Salud les niegan la cobertura de tratamientos aprobados mediante la resolución 375-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
La falta de un medio de fuerza legal efectivo para lograr ese objetivo es lo que mantiene en dificultades a miles de asegurados, de los que se abusa al regatearles tratamientos, medicinas y además se les exigen sumas impropias de co-pago por procedimientos clínicos que están plenamente cubiertos en el Seguro Familiar de Salud.

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