PANAMA. — Panamá solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición del expresidente Ricardo Martinelli para que enfrente a la justicia en un proceso por supuestas escuchas telefónicas ilegales a más de un centenar de opositores políticos y críticos de su gestión.

Una alta fuente del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar públicamente del tema, dijo el martes a The Associated Press que el trámite se completó la víspera.

Se trata de uno de los casos más avanzados de una serie de investigaciones abiertas a Martinelli desde que el ex gobernante concluyó su mandato en julio de 2014.

Varios de los otros procesos están relacionados con presuntos actos de corrupción, entre ellos uno por la compra millonaria de comida con fondos de un programa de ayuda nacional que habría sido sobrefacturada.

Desde su residencia en Miami, Martinelli sostuvo en su cuenta de Twitter que es víctima de una persecución política del gobierno de Varela que busca desviar la atención de lo que calificó de gestión “inepta”.

La embajada estadounidense en Panamá no respondió de inmediato a una consulta telefónica formulada por AP sobre el tema.

Martinelli, de 64 años, enfrenta desde diciembre una solicitud de detención preventiva de la Corte Suprema de Justicia para que encare un proceso por denuncias de espionaje telefónico a 150 personas entre opositores políticos, empresarios, periodistas, jueces y dirigentes sindicales.

Además de las presuntas escuchas ilegales, el exmandatario derechista está acusado de la supuesta adquisición de aparatos de espionaje por más de 13 millones de dólares con fondos de empresarios ligados a contratos con su administración y de un programa de ayuda nacional. Los aparatos están desaparecidos.

Martinelli, quien salió del país a fines de enero de 2015 justo cuando la justicia dio luz verde para que se lo investigara, niega haber espiado a sus opositores.

Un cable de la embajada estadounidense filtrado por WikiLeaks de 2009, poco después de que Martinelli asumiera, refirió presiones del gobernante y funcionarios para usar un programa de escuchas telefónicas de la agencia antidrogas estadounidense DEA para espiar a opositores políticos en Panamá.