“Haremos lo que humanamente es posible hacer en el tiempo que el Presidente de la República nos ha otorgado”. En realidad, tendrán que hacer más, mucho más. Y es que, como insinuó sin querer queriendo el doctor Flavio Darío Espinal, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, una semana es poco tiempo para cumplir la  encomienda del presidente Danilo Medina de investigar  las irregularidades en la venta de terrenos del CEA  que sirvieron de detonante a la tragedia de San Pedro de Macorís, apenas la punta del iceberg de un negocio de gran calado que dirige  una mafia enquistada desde hace años en el desguazado emporio azucarero. Pero el Gobierno, que no necesita más escándalos que añadan  combustible a la agitación social contra la corrupción y la impunidad que ha desatado el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht,  tiene tanta  prisa por cerrar ese expediente que no reparó en ese pequeño detalle. Lo que de todas maneras no será tarea fácil con una opinión pública tan sensibilizada con el tema de la corrupción que no se va a conformar con la cancelación pura y simple del director del CEA,  por lo que los miembros de esa comisión tendrán que emplearse a fondo  para dejar satisfechas  las expectativas  de una población  que, harta de impunidad,  lo que quiere  es “ver sangre”. Por eso no debe sorprender  la petición que acaba de hacer la Comisión Nacional de los Derechos  Humanos (CNDH) a través de su vicepresidente, José Guzmán, de que la investigación de la venta irregular de terrenos del CEA se amplíe a  otras provincias del Este como Hato Mayor y El Seibo, donde se han  vendido “y repartido como piñata” 18 mil tareas  a altos oficiales militares y policiales, empresarios, políticos y funcionarios  de este gobierno. Como tampoco debe hacerlo   que en el Gobierno prefieran dejar las cosas de ese tamaño, y no destapar una    caja de Pandora que puede salirse de control en el peor momento.