En un sistema democrático el rol del Poder Legislativo es nodal. A este le corresponde la digna y alta labor de representar los ciudadanos.

Sin embargo, en el caso dominicano, el Congreso es una de las instituciones más desacreditadas.
En su nueva entrega, el Barómetro de las Américas reitera una tendencia que ha venido reflejando desde hace varios años: los dominicanos confían poco en sus legisladores.

De este estudio, realizado por la socióloga Rosario Espinal, Jana Morgan y Elizabeth Zechmeister, llama la atención los índices de deterioro de la confianza en las principales instituciones del Estado dominicano, incluyendo el Congreso, cuya puntuación en confianza y credibilidad es apenas del 43%.

Los ciudadanos no creen en estos legisladores y no se sienten representados por ellos. Muchos ni siquiera conocen el nombre de los diputados y senadores que deberían representarlos.

De acuerdo a la Constitución dominicana es función del Congreso Nacional legislar y fiscalizar en representación del pueblo. Mas en la praxis, la legislación la hacen en favor de sus intereses personales y políticos y la fiscalización está prácticamente ausente, ya que las pocas veces que se ha hecho es con fines politiqueros. Sorprendentemente, muchos de nuestros congresistas firman contratos sin leerlos, faltan a las sesiones y sus labores legislativas son famosas por repartir electrodomésticos, habichuelas con dulce y pedir que a los delincuentes se les dé pa’ abajo.

Pese a esto, el Congreso dominicano es de los más caros y numerosos del mundo.
República Dominicana es el único país de la región centroamericana que tiene el sistema bicameral que contempla un Senado y una Cámara de Diputados. Las demás naciones tienen una sola institución. Eso lo hace de los más numerosos.

Un reporte de la revista Forbes indica que la nación dominicana “encabeza la lista como el país con más parlamentarios per cápita, con un total de 222 legisladores, que divididos en 10 millones de habitantes aproximados que tiene el país, da como resultado un legislador por cada 45,000 ciudadanos; superando a Guatemala que sobrepasa los 15 millones de habitantes, que tiene un legislador por cada 97,600 ciudadanos”.

También es de los que sale más caro. Estudios del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) señalan que el Congreso Nacional dominicano está entre los más costosos de Centroamérica y el Caribe, incluyendo economías grandes como Brasil o México, y los salarios de los senadores y diputados dominicanos superan los de sus colegas regionales y los de servidores como maestros, policías, doctores y enfermeras.

Ante esto una se pregunta, ¿Para qué sirve este Congreso? Lamentablemente la respuesta aflora pronto: para la corrupción, el clientelismo y la acumulación, salvo contadas y honrosas excepciones.
Habría que pensar entonces en asambleas constituyentes y en cambiar actores políticos para que entonces cambie la praxis y podamos superar el déficit democrático que produce contar con legisladores que les pagamos sueldos de lujo y ni así nos representan.