El déficit habitacional de la República Dominicana está estimado en 2.1 millones de viviendas, de las cuales 1,147,858 tienen problemas de infraestructura y deficiencias de servicios básicos, 250,000 presentan un deterioro tan grande que las hace irrecuperables, y faltarían por construir más de 700,000 para igual cantidad de hogares cuyos miembros viven con otras familias.

Para cerrar esa brecha hace falta una agresiva política de inversión pública ascendente al 7% del PIB anual.

Como se trata de un porcentaje descomunal tomando en cuenta los ingresos del Estado, la alternativa sería ajustar la inversión a cinco o diez años con un mínimo del uno por ciento del PIB, es decir, RD$70,000 millones por año.

Esos datos fueron presentados ayer por un grupo de organizaciones del Foro Ciudadano, entidad que creó el proyecto Casa Ya con la finalidad de que el Gobierno aumente su inversión en la construcción y reparación de viviendas para los sectores más empobrecidos.

La propuesta y la realidad. Rafael Jovine, analista económico de Casa Ya, planteó que existe un desfase entre la programación de la construcción de viviendas a través del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2013-2016 y las ejecuciones reales.

En ese plan plurianual se planificó la construcción de 20,000 unidades habitacionales, la reparación de 60,000, y el cambio de piso de tierra por cemento a otras 20,000 a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

De las 80,000 que serían reparadas solo se intervinieron 24,000, casi cuatro veces menos que la meta.

“Esa situación se da porque una cosa es lo que se programa en el documento y otra cosa lo que se ejecuta en la práctica.

“Para que esos programas puedan ser ejecutados se requieren grandes presupuestos, y lo asignado a ese componente ronda los RD$1,500 millones y RD$1,700 millones anuales. Y respecto a la construcción de nuevas viviendas, las 20,000 programadas se redujeron a 9,000 en el referido período”, expresó Jovine en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

También queda evidenciada la diferencia entre las palabras y los hechos en estas cifras ofrecidas por el analista: en 2013 el INVI tenía contemplado construir 5,000 casas y solo edificó 1,160, dejó a medio término 1,500, y en 2014 se levantaron las que quedaron inconclusas el año anterior.

Pero las paradojas no terminan ahí, sino que adquieren ribetes extraordinarios cuando Jovine plantea que “en el Año de Fomento a la Vivienda, que es el 2016, el INVI dispone de 39% menos de los recursos recibidos en 2015, es decir, 678 millones de pesos”.

Otro aspecto cuestionado por él es que casi la totalidad de los proyectos que ejecuta el INVI tienen financiamientos internacionales, lo que incrementa sus deudas.
Dispersión en materia de viviendas. A la falta de inversión necesaria para enfrentar el déficit habitacional entre los más pobres se suma que existe más de un organismo estatal que se involucra en la construcción y reparación de casas.

A través del Ministerio de Obras Públicas se formularon presupuestos para la construcción de viviendas en La Barquita; el Consejo Interinstitucional para la Coordinación de Viviendas ejecuta varios proyectos, lo mismo que el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI).

El Ministerio de la Presidencia ejecuta el Mejoramiento Integral de La Barquita, en el municipio Santo Domingo Este; construye 70 viviendas con ladrillos ecológicos; rehabilita 167 en Santo Domingo y Santiago.

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) construye 104 apartamentos en Villa Progreso; 88 viviendas en Piedra Blanca, Monseñor Nouel, y 120 apartamentos en Hainamosa, Santo Domingo Este.

Esa dispersión, de acuerdo al parecer de Jovine, evidencia la carencia de políticas públicas definidas, programadas, lo que le abre las puertas a la improvisación a partir de determinadas necesidades coyunturales, como es el caso del complejo habitacional que levanta el Gobierno en La Barquita.