En medio de abundante riqueza conformamos una sociedad injusta entre las más injustas, con una inequidad que desborda los parámetros de América Latina, que en vez de cimentarse en un desarrollo humano impulsado por el crecimiento económico sigue anclada en fundamentos que contravienen la fe que profesamos, la ética y solidaridad que se esfuman con los nuevos valores insuflados de materialismo y egocentrismo.

Insensibles a las penurias ajenas, con un individualismo que nos pone una venda ante todo cuanto no esté fuera de nuestro entorno personal o familiar, dejamos que el entramado social se enmarañara por el ínfimo impacto redistributivo. Solo migajas arrojamos a los pobres, que las buscan con la avidez que Lázaro, el mendigo de la parábola bíblica, ansiaba las sobras del banquete cuando los comensales las tiraban debajo de la mesa.

Es justicia, no dádivas. Lo que demanda la dignidad de la gran masa oprimida por la pobreza es equidad. Ese sería su clamor si tuvieran voz en las deliberaciones de políticas públicas, lo que reclamaría si la ignorancia no le impidiera tener conciencia de sus derechos.

Es justicia social, la dotación de empleos y servicios públicos de calidad, una retribución más equitativa de la riqueza que producen, de los RD$22,285 millones generados por la economía en 2014, suficientes para las necesidades de 2.6 millones de hogares dominicanos.

No se comparte. Además del desempleo y baja remuneración, lo imposibilita la corrupción y dispendio del erario, la falta de inversión en áreas prioritarias para el desarrollo, un inequitativo sistema tributario sin la debida retribución al contribuyente.

Lo impiden las erradas políticas sociales de un Estado patrimonial que convierte el clientelismo en fallida respuesta a la pobreza con un asistencialismo que la perpetúa, desde las funditas de la Cruzada del “Amor”, selladas por una caridad envilecedora, hasta las transferencias electrónicas con tarjetas de una cuestionada “Solidaridad”.

Detener el despojo. Es justicia social lo que requieren los pobres, detener el despojo iniciado con la tierra hace más de un siglo y que prosigue con un patrón de crecimiento que propicia extremas diferencias económicas, sociales y culturales.

Es justicia, el Estado de derecho que en la seudo democracia dominicana está ausente, que desaparece en una sociedad autodenominada “cristiana”, sin compromiso alguno con las víctimas del despojo.

Cristianismo no es exclusión y pobreza. Es compartir el pan, la justa distribución de la renta, pagar la enorme deuda social, reorientar la economía especulativa que degrada a la gente y al medio ambiente, anclar el desarrollo sobre bases de equidad y sostenibilidad ambiental.

Es justicia social lo que urgen más de cuatro millones de pobres, de los que alrededor de un millón 900 mil están incorporados a los programas sociales del Gobierno. El asistencialismo que a un hogar aporta menos de RD$1,500 mensuales, lo que a la vez de generar parasitismo, ahonda las raíces de la pobreza.

El gasto social se vuelca en dádivas cargadas de paternalismo y proselitismo, dádivas que soportando atropellos y vejaciones, desesperadamente buscan los pobres, cuya inconsciencia les impide ver arrecian las cadenas intergeneracionales de la desigualdad. Migajas con las que no podrán romper la atadura de la pobreza heredada al nacer, al ser amamantados con leche materna nutricionalmente de peor calidad que en una mujer bien nutrida.

La corrupción, mal que corroe a la sociedad, sangra la inversión social, insuficiente y mal orientada. Urge elevar la calidad del gasto, ganar transparencia. Un gobierno como el que quería Juan Bosch, ese sí estaría cimentado en la honestidad, en la justicia y los derechos ciudadanos.

Racionalizar el gasto. El Presupuesto General del Estado, reflejo de para qué y para quién se gobierna, deberá convertirse en una herramienta de desarrollo.

La racionalización de la inversión pública exige reorientarla, optimizar el uso de los recursos, cortar gastos superfluos. Otro destino tendrían en el presupuesto los millones ahorrados en instituciones estériles, en burócratas improductivos, funcionarios sin funciones, decenas de viceministros y vicecónsules innecesarios, algunos sin siquiera trasladarse al país asignado.

¿Por qué esa enorme partida presupuestaria para mercaderes de la política, si ya la mayoría de los partidos se convirtió en negocios? ¿Por qué si ser candidato lo condiciona el dinero que disponga y no la capacidad ni los valores? No lo ameritan, no están comprometidos con el bienestar nacional, tan solo cuentan sus ambiciones particulares y partidarias.

Pagados por contribuyentes. Urgen reformas en el Ministerio de Defensa, la Policía, DNCD, AMET, más de cien mil hombres y mujeres, muchos al servicio de familiares y amigos de funcionarios, que año tras año consumen una elevada partida presupuestaria, aparte del dinero sucio obtenido por otras vías.

Costosas, ineficientes y corruptas instituciones pagadas por los contribuyentes, de cuyas filas salen aliados del narcotráfico y la delincuencia, rasos, tenientes y generales que tienen por oficio extorsionar, sobornar, asaltar.

En medio de tanta pobreza, resulta por igual altamente costoso un Congreso Nacional supernumerario, que en 2015 dispondrán de RD$5,742.7 millones para sueldos, dietas y gastos sociales de 32 senadores y 190 diputados, que al mes reciben un millón de pesos, dos exoneraciones para carros de lujo, entre otros beneficios colaterales, como el “barrilito” de los senadores.

Otro destino tendrían en el presupuesto los millones ahorrados en instituciones estériles, en congresistas, burócratas, funcionarios sin funciones, decenas de viceministros y vicecónsules innecesarios, algunos que ni siquiera se trasladan al país asignado.

La eficiencia en el gasto exige cerrar más de una decena de entidades estatales con similar estructura o funciones afines que responden al clientelismo, innecesarias por la duplicidad y dispersión de recursos.

Abultan la nómina pública, aumentada de enero a septiembre de 2014 en 25 mil empleos, con un alza injustificada de 20% en Obras Públicas, Industria y Comercio, Educación, Salud Pública y otras, sobrepasando incluso la media para los cargos designados.

¿Cuánto se pierde en estipendios, dietas, combustibles, tarjetas de crédito para altos funcionarios? ¿Cuánto en nominillas, nóminas duplicadas, botellas dentro y fuera de las instituciones, peledeístas que cobran en diferentes entidades?

¿Cuánto se ahorraría el país con lo que deja de percibir el fisco por evasión tributaria, contrabando, exoneraciones y otros incentivos, prebendas y privilegios?

Decenas de millones se malgastan en ayuntamientos contaminados por la corrupción, en el excesivo número de ediles con altísimos sueldos, sin que siquiera miren hacia la inmundicia que se acumula en los barrios.

Dineros en saco roto que podrían impulsar las reformas pertinentes en salud, transformar los hospitales carentes de medicamentos y equipos.

¿Cómo es posible que ante tanto derroche dejen morir tantos niños por enfermedades prevenibles, por qué la alta mortalidad materna, el 85% evitable?

A noviembre de 2014 se registraron 2,994 defunciones epidémicas, encabezadas por muertes infantiles, 2,702, sucedidas por muertes de parturrientas, por dengue, leptospirosis, enfermedades meningocócicas, cólera, malaria y tosferina.

Decesos evitables, que por falta de prevención y atención, ocurren mayoritariamente entre los pobres.