Un muerto dejan los fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, durante la huelga de 48 horas convocada por la oposición venezolana para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender elección de su Asamblea Constituyente.
El gobierno de Maduro enfrentaba, además de las violentas protestas, una creciente presión internacional: Estados Unidos anunció sanciones contra 13 de sus funcionarios, bajo la advertencia de que quien se sume a la Constituyente quedará «expuesto a potenciales sanciones».
Entre los sancionados está la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y varios candidatos e impulsores de la Constituyente, acusados por Washington de «quebrantar la democracia».
A cuatro días de la votación, la convulsión en las calles era mayor: Militares y policías lanzaban andanadas de perdigones y bombas lacrimógenas contra manifestantes, muchos encapuchados, que los enfrentaban con piedras y cócteles molotov Caracas y otras ciudades del país.
En Ejido, en el occidental estado Mérida, un hombre de 30 murió durante una manifestación, con lo que suman 104 los muertes durante las protestas que iniciaron hace 4 meses para exigir salida de Maduro. Miles también resultaron heridos y cientos detenidos.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para mañana viernes una gran marcha en Caracas y amenazó con «boicotear» la elección, el domingo, de los 545 asambleístas de la Constituyente, con la que temen se instaure el comunismo en Venezuela.
Fuerte rechazo La Constituyente es rechazada por un 70% según Datanálisis y ha sido fuertemente criticada, además de por EEUU, por gobiernos latinoamericanos y europeos. En la lista de funcionarios sancionados ayer figuran también los ministros de Educación, Elías Jaua, y de Interior, Néstor Reverol, y el Defesor del Pueblo, Tarek William Saab. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó su «preocupación» por los informes sobre violaciones de los derechos y llamó a «poner fin a la violencia» a la vez que pidió respetar «la Constitución y el Estado de derecho».