Paros contra todo el mundo

La pretensión de afectar en ocasiones mediante huelgas las más diversas actividades de ciudadanos para los que el transporte terrestre es imprescindible, sobrepasa los límites que corresponderían a cualquier protesta sectorial que respete a la sociedad en su conjunto. Si gran parte de la gente que trabaja, estudia, necesita ir al médico, hacer negocios o desarrollar algunas otras gestiones importantes para su diario vivir es sometida a la supresión temporal de un servicio público como el transporte tiene vigencia una agresión colectiva al libre tránsito. Con daños materiales y de otra índole para millones de personas. Por más vehículos privados que llenen las calles, la gente de a pie es mayoría y los ceses de actividades convocados con beligerancia tienden a crear tensiones y miedo a salir a la calle, y el país no está para eso. Que sea llevado a dimensión general un reclamo particular de transportistas, como si se estuviera en presencia de una crisis institucional o en el callejón sin salida de un conflicto con implicaciones para el futuro de la República.

Este es ya un país de pantalones largos. Un solo día de inmovilidades que entorpezcan al Gran Santo Domingo, de notable concentración de actividades económicas y educativas en muchos renglones y cientos de miles de ciudadanos envueltos en quehaceres, serían palabras mayores. Y reviste gravedad también que se sorprenda a los usuarios con la súbita ausencia del servicio.

Supervisión sobre patrullas

De caso en caso algunos agentes de policía comprometen la imagen de la institución a que pertenecen al detener para fines de registro a los automovilistas con drasticidad de gestos y palabras y moviendo a preocupación por hacerlo en lugares oscuros de las vías públicas. No podría culparse a nadie de dudar de que se trate de agentes auténticos los que ordenan detenerse en estos confusos tiempos en los que se han reportado actos criminales con falsa apariencia de autoridad.
En atención a hechos recientes, la sociedad tiene motivos para reclamar que la Policía tome medidas de control sobre las patrullas que envía a las calles instruyéndolas en el respeto al libre tránsito y limitando sus actuaciones a un protocolo que impida detenciones caprichosas o abusos de autoridad contra ciudadanos respetuosos de la ley.