En el Segundo Informe de su observación del proceso electoral del 2016, Participación Ciudadana aborda el inicio oficial de la campaña electoral, formula interrogantes sobre el padrón de electores, considera que prosigue el deterioro de la democracia interna de los partidos por los conflictos en la elección de sus candidatos, critica la desigual distribución del financiamiento estatal y consigna que la mayoría de los partidos niegan o retrasan la información sobre el uso que dan a estos recursos, evadiendo el cumplimiento de la Ley No. 200-04 que establece la obligación de rendir cuentas a todo el que recibe fondos del Presupuesto Nacional.

Resalta que el PLD es el único partido que aparece entre los mayores diez anunciantes en los medios de comunicación, beneficiándose además de la propaganda del mayor anunciante del país, que es el gobierno, que el año pasado gastó en ese renglón más de diez millones de pesos por día. Revela que un monitoreo a las vallas en calles y carreteras arrojó que el 44 por ciento son del PLD y otro 26 por ciento de dos partidos aliados para alcanzar el 70 por ciento.

Así mismo, el informe cuestiona la sentencia del Tribunal Superior Electoral que consideró al doctor Rafael Suberví como candidato electo a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM, acogiendo un recurso presentado fuera del plazo jurisprudencial y sin la celebración de la convención que dispone el artículo 68 de la Ley Electoral, y considera inconstitucional el dictamen del Tribunal Superior Administrativo que suspendió la decisión de la Junta Central Electoral que redistribuyó nueve diputados en atención a la densidad poblacional.

Consideró que en la elección del Secretario General de la Liga Municipal Dominicana por un año, se violó la ley de Municipios y el D.N. por interés electoral y, finalmente, rechaza el anuncio de iglesias evangélicas de que boicotearán candidatos que defiendan posiciones en temas de conciencia.

PC plantea que con el inicio formal de la campaña electoral se debe esperar que la JCE asuma plenamente la facultad que le otorga el Artículo 211 de la Constitución de la República, que la responsabiliza de “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, y el párrafo IV del Artículo 212, el cual dispone que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.