Este año en el país el pensamiento conservador en las decisiones políticas fue predominante, así como la necesidad de un sistema de justicia independiente que persiga y castigue la corrupción administrativa.

Así lo afirmó hoy el movimiento cívico Participación Ciudadana en su informe anual en el que, como cada año, ofrece su visión general de lo acontecido en la nación.

En el documento también se trataron otros aspectos que se pueden apreciar en el documento íntegro que se reproduce a continuación:

1. Predominio del pensamiento conservador en las decisiones políticas

Durante 2014 se hizo evidente que las principales instituciones del sistema político y jurídico responden a planteamientos del pensamiento conservador, demostrado en varias decisiones tomadas por las Altas Cortes, en el contenido y la ejecución de la Ley 169-14, cuyos pobres resultados ponen de manifiesto que no se quieren lograr los objetivos de dicha ley. Lo mismo se refleja en la decisión del Tribunal Constitucional que impuso por sentencia el criterio de que solo existió una presunción de legalidad en la adhesión del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Superior Electoral, por su parte, sigue perdiendo credibilidad al inclinarse con sus decisiones en favor de un partido político en particular, sin poder demostrar la veracidad de sus argumentos y recurriendo a la mecánica procedimental en lugar de encarar la violaciones a la ley electoral cometidas ante los ojos de la ciudadanía.

Ha comenzado la campaña política de varios precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana sin que nada ni nadie haya tratado de impedirlo, a pesar de que en el caso de los servidores públicos, la ley les prohíbe hacer campañas proselitistas. Igualmente, no obstante de que la Constitución lo prohíbe, la reelección del Presidente Danilo Medina es defendida casi a diario por miembros de su partido y altos funcionarios del gobierno.

La oposición sigue, hasta ahora sin éxito, en busca de una unidad que le permita presentarse como opción de poder en el año 2016. La división en el PRD dio lugar al nacimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero ya han aflorado  diferencias en cuanto a la selección de su candidato a la Presidencia de la República. Las dificultades por las que atraviesa el PRM están afectando la consolidación de la Convergencia por un Mejor País,  por cuanto se entiende que el PRM es el que puede aportar la masificación del voto que permita un buen desempeño electoral en el próximo certamen.

2.     Crece el rechazo a la corrupción, pero se registran escasos avances en la transparencia y las promesas de combatir la corrupción.

A pesar de las expectativas creadas con las promesas del Presidente Medina de combatir la corrupción, el año 2014 transcurrió sin que se registraran avances significativos en esta materia. Una muestra de ello es el hecho de que todas las encuestas publicadas dan como resultado que más del 80% de la población dominicana afirma que en el país existen altos niveles de corrupción e impunidad.  El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, sigue presentando a la República Dominicana con altos niveles de corrupción, ocupando el lugar 115 de 175 países, con una puntuación de 32 sobre 100.

En importantes instituciones del Estado se experimenta un retroceso en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información. La información que presentan los portales de muchas de las páginas web de las instituciones públicas no responde a la veracidad y transparencia a que están obligadas.

Ha habido reclamo popular para que sean llevados a la justicia funcionarios del pasado gobierno que muestran fortunas que no pueden justificar y contra quienes se elaboraron expedientes muy bien fundamentados. Sin embargo, hasta el momento, esos funcionarios no han respondido ante la justicia, amparados en la figura jurídica de archivo de expedientes o no ha lugar a la persecución penal, subterfugios procesales que han sido utilizados abusivamente por fiscales y  jueces militantes de partidos políticos en el poder, para encubrir a funcionarios acusados de corrupción. Resalta este año el archivo del expediente contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa elaborado y sometido por la Fiscalía del Distrito Nacional por sus actuaciones al frente del Ministerio de Obras Públicas. El caso fue archivado bajo el argumento de que no se informó al acusado que estaba siendo objeto de investigación.

Aunque en 2014 hubo repartición ilegal de recursos del Plan de Pensiones entre los más altos funcionarios del Banco Nacional de la Vivienda, hecho constatado por la Cámara de Cuentas, hasta ahora no se ha movido la acción penal y ni siquiera se ha procedido a la destitución de esos funcionarios.

El II informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad,  publicado por Participación Ciudadana a mediados de este año, muestra un débil cumplimiento de los compromisos asumidos por el Presidente Medina cuando firmó ese documento el 7 de mayo de 2012.

En 2014, Participación Ciudadana publico el libro La Corrupción Sin Castigo, el cual contiene detalles de  94 denuncias y expedientes de delitos de corrupción reseñados por la prensa dominicana desde el año 2000 al 2013. De las 94 denuncias contenidas en dicha publicación, muy pocas han sido conocidas por la Justicia y mucho menos sancionadas, aumentando de esa manera la percepción de corrupción e impunidad reinante en el país.

Si bien en el año 2014 se han notado ciertos avances en la transparencia de las compras y contrataciones públicas y en la consolidación de las cuentas del Estado en el sistema Cuenta Única del Tesoro, las instituciones autónomas y descentralizadas no se han integrado. Tal es el caso de la Junta Central Electoral, que se niega a someterse.  

Se inició un proceso de saneamiento del Ministerio de Relaciones Exterior, a partir del nombramiento del Ministro Andrés Navarro, con la promesa de que se cambiará la imagen de corrupción y desperdicios de recursos públicos. Ha circulado la nómina del servicio exterior con unos montos escandalosos que no coinciden con la información que aparecía publicada en la página web del MIREX. En todo caso, es inaceptable que un embajador dominicano perciba 40 mil dólares mensuales mientras un miembro de la Policía Nacional y otros servidores públicos solo ganan el equivalente a 150 dólares al mes.

Otro aspecto positivo del presente año fue la promulgación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.  Sin embargo, este avance se ha visto empañado por la dilación en la promulgación de su reglamento de aplicación, cuyo plazo ya venció al igual que el de las leyes de Regulación Salarial del Estado y la Orgánica de la Administración,

Se reconoce que el Procurador General de la República sometió a la justicia al Senador y funcionario del pasado gobierno, ingeniero Félix Bautista, acusado de prevaricación y lavado de activos, entre otros delitos. Existe un gran escepticismo en amplios sectores de la vida nacional acerca de que este caso llegue a ser llevado a juicio y de que el acusado pueda demostrar la procedencia de la inmensa fortuna que exhibe y que se encuentra ampliamente documentada en el expediente.

3.     Persistencia del déficit fiscal y desmesura de la deuda pública.

El Banco Central ofrece cifras que reflejan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) muy por encima de la media latinoamericana y mundial, crecimiento atribuido a la explotación minera, construcción, turismo y un ligero aumento de las remesas.

A pesar de esos signos positivos, el panorama económico se torna sombrío por los déficits de las operaciones gubernamentales y su financiamiento, pues la deuda pública ascenderá a RD$189,635 millones durante 2015. Ha habido un desbordado incremento de nóminas y nominillas que obedece a una cada vez más acentuada práctica clientelista en el manejo de las finanzas públicas, que resultan estar destinadas a garantizar un salario a militantes y activistas del partido que detenta el control del presupuesto nacional.

4. Necesidad de un sistema de justicia independiente que persiga y castigue la corrupción administrativa

La justicia dominicana concluye el año 2014 con un balance negativo en cuanto al cumplimiento de su misión. El tecnicismo procesal  y los reenvíos marcaron el desarrollo de los procesos, aumentando la mora judicial, el alto costo de la justicia, el número de presos preventivos y la impunidad.

A diferencias de los casos de corrupción administrativa que se pierden en el entramado judicial y quedan impunes, ocurrieron casos como los de Hato Mayor y Santiago,  donde los jueces condenaron a un pobre hombre y a una madre adolescente a tres meses de medida de coerción por robar ocho chinolas y por la publicación de fotos desacertadas en las redes sociales, respectivamente.

A pesar de que se entendía que el proceso de reforma y modernización de la justicia había llegado a un punto en el que fuese imposible su retroceso,  el mantenimiento de las viejas prácticas antidemocráticas y la ausencia de una  política judicial de cambio,  posicionan al sistema en un callejón sin salida, cooptado como está por los intereses políticos partidarios y sin que exista una separación de poderes que fortalezca la democracia dominicana.

5.     Reconocimiento a la Sociedad Civil

Por último, Participación Ciudadana reconoce el buen desempeño de la sociedad civil en el año que finaliza. A pesar de todas las dificultades confrontadas, incluyendo esfuerzos  para reducir la actividad de sus organizaciones, la voluntad ciudadana se manifestó con energía sobre diferentes temas de interés nacional, especialmente frente a los actos de corrupción y de manera particular con la amplia movilización lograda en torno a Loma Miranda y las observaciones al Código Penal sobre la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales.

Consejo Nacional

Diciembre 22 de 2014