Los bolsillos de los contribuyentes sirven de base de sustentación económica al sistema partidario, que es ineficaz por naturaleza y constantemente desdeña al ciudadano, porque las élites de las organizaciones se conducen con una agenda corporativa muy distante de las aspiraciones de la gente. Aunque el ritual establecido por la Junta Central Electoral (JCE) establece la obligatoriedad de depositar un informe financiero de las actividades de los partidos, es innegable que un verdadero análisis de esas operaciones podría establecer las redes de complicidades y desbordamientos que servirían de materia prima para procesos penales de singular trascendencia.
No puede existir un modelo democrático creíble cuando el instrumento esencial, que son los partidos políticos, exhiben niveles de indecencia patéticas, y sus exponentes llaman la atención por sus taras y afán de hacer del ejercicio partidario un espacio de movilidad económica y social.
Las sociedades con plena conciencia de un sistema político saben descartar las manifestaciones dañinas por vía de sus mecanismos jurídicos e institucionales y/o apostando al surgimiento de alternativas creíbles. Al final, resulta de mayor inteligencia estructurar relevos que saltos al vacío y apuestas a una ira ciudadana que termina dañándolo todo en aras de salvar lo posible. En el país los niveles de resistencia que exhiben exponentes del sistema partidario obedecen al interés de mantener un régimen de privilegios irritantes que, por años, permitió enriquecerse, perpetuarse en puestos públicos, decidir en ámbitos judiciales y trazar la suerte política de reconocidos tarados, revistiéndolos de figuras exitosas del bestiario electoral dominicano.
Cuando impulso hacia lo interno de mi partido esfuerzos concretos para realizar una convención, intento que se informe sobre el manejo de los fondos y lucho a favor de la participación democrática, reconozco las instancias que se resisten. Y es “lógico” porque han podido “disfrutar” de ese régimen de distorsiones partidarias y desde el momento en que llegue un orden y criterios institucionales, terminará el festín que permite realizar compras de vehículos sin concurso, pagar a comunicadores con fondos del PRD, distribuir canastas navideñas millonarias, contratar empresas fumigadoras para locales inexistentes y comprometer con cesión de crédito las finanzas partidarias a reconocidos usureros.
El artículo 169 de los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), establece que el 50% de los fondos deberán distribuirse a los municipios en función del número de militantes. En los últimos nueve años, el monto entregado por la JCE asciende a casi 2,800 millones de pesos, y durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado, nunca ha sido cumplido ese mandato. Es decir, que toda la retórica de transparencia y anhelos porque los fondos asignados al partido blanco sean manejados con apego a reglas elementales, en el terreno práctico es letra muerta y se pretende que los sectores internos disidentes y la sociedad mantengan un silencio cómplice al respecto.
En el intento de mirar más allá del lar nativo, la experiencia española y el Partido Popular podría servir de referencia para la gente que no termina de entender que los fondos públicos deben de cuidarse. Además, las consecuencias políticas y jurídicas de un proceso que colocó al partido en el poder en el banquillo de los acusados y una sentencia condenatoria envió a su figura esencial, Mariano Rajoy fuera del Palacio de la Moncloa y retirado de la actividad partidaria. Es decir, una sociedad organizada impulsa mecanismos sancionadores con una efectividad que las consecuencias llegan hasta el mayor exponente del sistema.
La sociedad dominicana no puede seguir tolerando el modelo político que nos gastamos. Desprovisto de rigurosidad, afanados por controlar el dinero, sin ningún tipo de compromiso social, diestros en articular negocios desde el partido y deseosos de impedir cualquier transformación de los aparatos organizativos porque su real interés es que todos nos parezcamos. Contra eso lucharemos!