Transparencia Internacional y Participación Ciudadana afirmaron ayer que mientras la aplicación de la Ley de Función Pública se encuentra semi-paralizada, el “clientelismo visceral” en el país ha permitido que la nómina pública se haya duplicado hasta sobrepasar los 650,000 servidores.
La entidad de la sociedad civil indicó que en el 2012 los servidores del gobierno central, sin incluir los ayuntamientos y otros organismos descentralizados, eran 336,000; en el 2014 se elevaron a 441,000; en el 2016, a 550,000, “y hoy día sobrepasan los 650,000, duplicándose en solo siete años”.
Agregó que en contraste con esa política clientelar, desde el 2008, cuando se aprobó la Ley de la Función Pública 41-08, a la Carrera Administrativa solo han sido incorporados alrededor de 62,000 servidores.

Para PC esto sugiere que se cuenta con un “macro Estado” con un empleado público por cada 13 habitantes y por cada ocho electores, lo que no se corresponde con el tamaño del territorio nacional.
“Se trata de una estructura grande, ineficiente y cara. Una macroestructura, llena de organismos duplicados, que lejos de achicarse en busca de una mayor productividad, se ha ampliado por las prácticas del patronazgo y el clientelismo”.
Violan derechos. Consideró que lo más grave de todo esto es que desde el 2013 la incorporación de servidores públicos a la Carrera Administrativa está semi-paralizada, violándose los derechos constitucionales y legales de decenas de miles de empleados.
“Es importante consignar, que después de 11 años de su entrada en vigencia, la esencia de la ley no se ha instaurado, y los empleados sujetos de incorporación a la Carrera son unos 160,000, de los cuales apenas unos 62,000 (39%) han sido incorporados a la Carrera”, subrayó el Consejo Nacional de PC en un documento de prensa.
Agregó que otra inobservancia de la Ley 41-08 es que no se aplican sus principios fundamentales, entre ellos: Mérito personal, Igualdad de acceso a la Función Pública, Estabilidad en los cargos y Equidad retributiva.
Inequidad salarial. PC dijo que lo mismo sucede con la falta de equidad salarial, indicando que a siete años de la promulgación de la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, no se ha dictado ni emitido su Reglamento, lo que dificulta su aplicación y evidencia falta de interés del Gobierno.
El monitoreo
Los datos ofrecidos por el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, son producto de un monitoreo que realizó en el marco de su Observatorio a la Función Pública.
Sugiere reformas reales
La entidad de la sociedad civil llamó a la implementación de las reformas reales para el funcionamiento de un Estado moderno, con el cumplimiento de todas las normativas existentes y las nuevas que sean necesarias”.