Participación Ciudadana (PC) criticó ayer la lentitud de la procuraduría general de la República en la investigación del caso Odebrecht, y pidió que ante la falta de independencia del Ministerio Público, el Consejo Superior de la institución designe una comisión de consultores técnicos que le den asistencia y legitimidad a sus acciones para que el caso quede bien instrumentado.

La entidad de la sociedad civil señaló que mientras en Ecuador, Panamá, Colombia y Perú, la acción pública puesta en movimiento por la Fiscalía General, obliga a los empresarios a negociar, en el país la Procuraduría General está evaluando informaciones solicitadas a los entes públicos que han tenido vínculos contractuales con dicha empresa.

Dada la trascendencia política y de gobernabilidad interna del país, PC también pidió a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina; a los funcionarios de las instituciones vinculadas con Odebrecht, y a los legisladores que aprobaron los contratos a Odebrecht desde el 2002, ponerse a disposición del MP para demostrar su buena voluntad de que no forman parte de la asociación ilícita y la red mafiosa que operó en esas negociaciones.

Refirió que desde ese año la Constructora brasileña fue favorecida con 18 obras de infraestructura (acueductos, carreteras y proyectos de energía), “gracias al pago de más de US$$92 millones que distribuían mediante sobornos a funcionarios públicos, pago de comisiones a facilitadores e intermediarios, monto que garantizaba su obtención y retención, cuya inversión era incluida a través del incremento del costo real de las obras”.

“Ante el cuestionamiento ciudadano sobre la falta de independencia del Ministerio Público por ser éste un órgano jerárquicamente dependiente del Presidente de la República, insta al Consejo Superior del Ministerio Público para que designe una Comisión de profesionales independientes (consultores técnicos), para dar asistencia técnica y legitimidad a sus acciones, a los fines de que éste caso quede bien instrumentado”, dijo PC.
Asimismo, invitó a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a mantenerse activos para que esta nueva acción criminal no permanezca impune, ya que la víctima directa de éste caso y de todos los casos de corrupción sin castigo es el pueblo dominicano.
“Apoyamos la convocatoria a la Gran Marcha Pacífica contra la Impunidad que se celebrará el día domingo 22 de enero a las 10:00 de la mañana que iniciará en la intersección formada por las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero y terminará frente al Palacio Nacional, donde se demandarán acciones para que éste caso de soborno nacional e internacional no sea manipulado por el poder político partidario”, dijo la entidad cívica en documento.