El movimiento somos Pueblo, Rosalía Sosa y Cándido Mercedes, directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), así como la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) calificaron ayer de desacertadas las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, al decir que sectores que participan en el Movimiento Verde pretenden desestabilizar el Gobierno.
Sosa dijo que las personas tienen el derecho a la asociación, a reunirse y la libertad de expresión, y son libertades públicas establecidas en la Constitución. “Es nuestro deber como ciudadanos reclamar una administración pública decente, monitorear los recursos públicos, que haya una buena administración y eso es lo que pide el Movimiento Verde”.
Destacó que hasta el momento las marchas verdes han sido pacíficas, ordenadas, de respeto, no ha habido atentado contra la integridad de nadie, ni a la propiedad, y han respetado la institucionalidad del país porque las han notificado a Interior y Policía, a la Policía Nacional y las instituciones necesarias.
“Lamentamos mucho esas declaraciones que son para amedrentar a los ciudadanos. Seguirán los reclamos y no pararán hasta que logremos poner fin a la impunidad con el caso paradigmático de Odebrecht versus Estado dominicano”.
Dijo que el Movimiento también marcha para que se aclaren otros casos de corrupción.
Sosa adelantó que planifican una actividad en mayo que realizarán en Azua, y si Amarante Baret no le autoriza realizarla, entonces estaría violando un derecho constitucional.
Movimiento social. De su lado, Cándido Mercedes manifestó que es muy triste ver al ministro de Interior y Policía hacer esa denuncia porque el Movimiento Verde es social, que promueve el ponerle fin a la impunidad y a la corrupción rampante en el país.
“Lo que pasa es que estos funcionarios están viviendo en el 2017, con libreto del 1960, que todo era conspiración y que están desestabilizando, cada vez que había un movimiento la gente de Balaguer decía que era una conspiración”.
Manifestó que es muy fácil decir que están desestabilizando, pero los desestabilizadores son los que violan las leyes, los que no son transparentes y los que se aprovechan de los recursos públicos para fines privados.
Señaló que la corrupción no es inmune a ningún país, pero en otros países cuando descubren quién cometió corrupción la justicia prevalece y le imponen una sanción sin importar la jerarquía económica, social o política.
Explicó que la Constitución, en su artículo 22, dice que se pueden denunciar las faltas cometidas por funcionarios en el desempeño de su cargo, y el artículo 75 establece velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. “Eso es lo que hace el Movimiento Verde, velar por el funcionamiento de la democracia y patrimonio publico”, dijo.
Somos Pueblo. El movimiento Somos Pueblo expresó su rotundo rechazo a las declaraciones de Amarante Baret. “Lejos de constituir una acción cívica desestabilizadora, Somos Pueblo entiende que este sentir nacional busca retornar a las autoridades al cumplimiento de la ley bajo los mecanismos que las leyes ponen en nuestras manos”, expresó César Rodríguez, vocero de la entidad.
Rodríguez pidió al ministro Amarante Baret que presente las pruebas con que cuenta para denunciar esos fines espurios para que de esa forma contribuya realmente con la democracia.
«El único objetivo de la gran diversidad que conforma al sentimiento que está moviendo a nuestra nación es construir un mejor país, lo cual implica que Somos Pueblo como parte de este colectivo no tiene ninguna intención de romper el orden constitucional democrático de la República Dominicana”.
Le sugiere a Amarante Baret que más que preocuparse por las movilizaciones debería preocuparse por las irregularidades de su gestión frente a la Dirección General de Migración, sustentadas en una auditoría de la Cámara de Cuentas que el Ministerio Público tiene engavetada.
«Esa debería ser su real preocupación como también debería preocuparse por las innumerables denuncias de corrupción en su contra en el Ministerio de Educación, y el uso de los recursos del Estado en la pasada campaña electoral para favorecer a sus familiares”, manifestó.
Acusación tremendista. La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) calificó de infundada, tremendista y oportunista la acusación del ministro Amarante Baret. Dijo que con ella pretende que el Gobierno logre la solidaridad de sectores conservadores, en momentos en que la generalidad de la sociedad pide un cese de la corrupción y la impunidad. “Tenemos la firme convicción de que Carlos Amarante Baret no está en las más mínimas condiciones de hacer ningún tipo de acusación cuando de combate a la corrupción se trate”, dice la CONA.