Por más de tres decenios, Estados Unidos ha mantenido bloqueado el ingreso de cárnicos procedentes de nuestro país. A pesar de los esfuerzos de varias administraciones locales, en ese tiempo no hemos logrado el levantamiento de esa restricción, que ha representado un serio revés para nuestras exportaciones de ese renglón y ha restado estímulo al desarrollo de la ganadería. Con todo y eso, hay que reconocer que el país ha hecho avances en la eliminación de las causas que motivaron la decisión estadounidense, y que hay avances concretos que mejoran nuestras expectativas en interés por reconquistar un mercado de consumo tan importante.
Recientemente, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó que el Gobierno dispuso la entrega de RD$15 millones al Laboratorio Veterinario Central (Lavecen) para dar seguimiento a los controles que permitirían el ingreso decárnicos dominicanos a los Estados Unidos. Algo que debemos entender es que el afinamiento de los controles zoosanitarios nos acreditaría no solo ante las autoridades estadounidenses, sino también ante otros mercados, como el de China, hacia el que ya hemos hecho algunos envíos de cárnicos. Nuestra meta debe ser crear las condiciones de inocuidad, aceptación y fiabilidad de nuestros productos de ganadería, no solo en Estados Unidos, sino en todos los mercados del mundo. Trabajemos con ese objetivo.

Nuestras áreas desprotegidas

El trasiego abundante de carbón y madera hacia Haití y algunas islas del Caribe es un negocio alimentado por la pobre protección que damos a nuestras zonas boscosas y fuentes acuíferas. Es un comercio estimulado por el hecho de que destinamos 962 empleados para cuidar 120 áreas protegidas, con salarios que no sobrepasan los RD$8 mil mensuales, según consta en un estudio que sobre el particular hizo el ingeniero Víctor García, consultor ambiental y exviceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A esto se debe que las brigadas de Medio Ambiente se sienten impotentes ante los depredadores que extraen materiales de los ríos y provocan serios daños ecológicos. Es necesario aumentar el número de vigilantes de áreas protegidas y mejorar sus salarios y condiciones de trabajo.