Perjuicio del que nadie escapa

Todo propósito de reorganizar el mercado de combustibles con instrumentos legales que atenúen los efectos de las alzas del petróleo que están a la orden del día debe tomar en cuenta a los consumidores de un modo integral. Los encarecimientos no se limitan a transportistas. A estos hay que tomarlos en cuenta pero comprometiéndoles a superar sus ineficiencias que también determinan que el servicio les cueste más a ellos y a los usuarios sin garantías de que las agrupaciones gremiales del transporte público operan con racionalidad y con equipos que se compadecen en este momento con el objetivo esencial de ahorrar carburantes. La mayor inversión del Estado y su meta más importante debe permanecer en el desarrollo de sistemas de transporte masivo energizados con eficiencia y respeto al ambiente.
No está demostrado que el método de fijación de precios de los derivados del crudo responda a una lógica de equilibrio para que la conveniencia de recaudar para el Estado no supere la importancia de los combustibles como movilizadores de la economía para impulsar el desarrollo y múltiples actividades de la sociedad. Una presión impositiva desmesurada, que coloca a los carburantes dominicanos entre los más costosos de la región, si no los que más, penaliza al usuario. Que se haga lo contrario: que tributos de baja intensidad incentiven el uso de vehículos económicos y carguen el dado a los dispendiosos.

Al margen de las regulaciones

La contratación de servicios de seguridad privados puede ser imprescindible en muchos casos para proteger vidas y bienes; un recurso adicional a lo básico constituido por la Policía y las prevenciones que toda entidad o persona deben tomar para reducir su exposición al delito. Pero la confianza en esa prestación debe sustentarse en un control sobre las agencias de guardianes a cargo de autoridades competentes, lo que no parecería posible a falta de leyes regulatorias. En lo fundamental no hay derecho a agruparse con armas de fuego para, de buenas a primera, fungir de protector de propiedades sin demostrar competencia. Esa modalidad informal con posible uso de la fuerza debe ser perseguida en atención al orden legal existente. Y con el mismo rigor supervisar con exigencias de profesionalidad a las agencias debidamente establecidas.