Permisividad y corrupción en el tema migratorio

Permisividad y corrupción en el tema migratorio

La permisividad durante el ejercicio de cualquier función, sea pública o privada, generalmente se convierte en una forma de corrupción. Ello así, porque por obtener ventajas política, económica o social, quienes están investidos de una autoridad permiten que se produzcan actos violatorios a la Ley, a los derechos humanos y a elementales normas de convivencia. El reciente acto de barbarie de una turba de dominicanos contra varias casas de pobladores de origen haitiano, en Moca, constituye un ejemplo.

En ese acto, armados de bates de béisbol, machetes y hachas, sin que interviniese ninguna autoridad, esa turba golpeó a mujeres, adultos y adolescentes. Algunas mujeres fueron salvajemente tiradas al suelo y con saña abiertamente racista algunos agresores les cortaban el pelo a jóvenes de origen haitiano; destruyeron algunas casas y de ellas sacaban sus enseres para incendiárselos, al tiempo de perseguir los moradores, blandiendo sus armas hasta expulsarlos de su hábitat. La turba le decía a unos inactivos y permisivos agentes policiales que tomaban la justicia en sus manos.

Este gobierno y su presidente han sido extremadamente permisivos con la corrupción y prostitución de la Justicia, como lo denuncia su propio Procurador General. Pero también, ante hechos no menos afrentosos como la mencionada acción. Esas expresiones de barbarie son recurrentes y las mismas han sido documentadas y profusamente difundidas, sin que hasta el momento se haya producido alguna acción del gobierno tendente a someter a la justicia a quienes cometen esos actos típicamente terroristas y de persecuciones alevosamente xenófobas.

En varios países, algunos migrantes dominicanos y de otras nacionalidades han cometido actos criminales. Allí, connacionales nuestros han llegado al extremo de constituirse en bandas criminales y de narcotraficantes, pero los nacionales de esos países no forman turbas para tomar la justicia por sus propias manos para destruir las viviendas de los nuestros, ni para golpearlos o matarlos. No porque ellos sean mejores que nosotros, sino porque en esos países existe un estado de derecho que protege a todos sus residentes, no importa el estatus en que se encuentren y les ponen límites a la propaganda del odio y xenofóbico y racista.

Porque en ese contexto de estado de derecho, es impensable que un presidente y su partido se conviertan en complacidos y complacientes rehenes de un grupúsculo político xenófobo, como sucede en este país. El presidente Medina es consciente de que si bien la comunidad internacional valora algunos pasos de su gobierno para mejorar las relaciones dominico-haitiana, ésta mantiene su rechazo a la ambivalencia con que este aborda el tema migratorio, porque permite actos de barbarie como el señalado y que en ese tema ese grupúsculo tenga una incidencia a veces concluyente.

Más que por convicción, este gobierno permite esa incidencia por beneficios políticos. De ese modo, la suma de ventajismo y permisividad dan corrupción política. Sucede igual con el sector empresarial que teniendo grandes inversiones en Haití y aquí para el comercio con ese país, por temor al gobierno no asume una actitud cónsona con sus intereses y convicciones para que el tema migratorio sea abordado con sostenida coherencia. Es la misma actitud del empresariado haitiano frente a ese tema.

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