La recuperación de la economía mundial está en marcha, pero España es uno de los contados países que aún no  se ha subido al tren. Según el Banco de España, tampoco lo hizo en el tramo final de 2009, pese a que el consumo y la inversión dieron señales de mejora.  Las autoridades  han notado que su economía desciende. La economía española acumula así siete trimestres en retroceso (según la definición técnica más extendida de recesión, basta con enlazar dos trimestres), el periodo destructivo más extenso entre los países avanzados. Analistas entienden que los problemas de España suponen una mayor amenaza para la integridad de la zona euro (y en última instancia para el euro). En ese sentido, sostienen el país necesita desesperadamente llevar a cabo reformas estructurales, si quiere evitar un viaje al mismo abismo al que hoy se enfrenta Grecia.

Al parecer, si bien España “no está todavía al borde del abismo al que están mirando los griegos”, podría acercase a él si no se llevan a cabo de forma urgente avances en la consolidación fiscal y reformas estructurales que permitan estabilizar los niveles de deuda pública, reducir los déficit externos y restaurar la competitividad y el crecimiento. Analistas reconocen que en algunos aspectos España está en mejor posición que Grecia, aunque en otros muchos se encuentra en una “situación desesperada” y representa potencialmente un riesgo mayor para la Eurozona. La corrección de los desequilibrios existentes determinará el momento y la velocidad de salida de la crisis. Aún así, es imprescindible agilizar la reestructuración del sector financiero, además de la necesidad de avanzar en otras reformas estructurales complementarias (como la reforma educativa) que reducirían significativamente el costo de la consolidación fiscal y la reforma laboral.

Desempeño económico. La experiencia española muestra que desde el año 1985 hasta el año 2008, la economía estuvo  creciendo a tasas superiores a la media de la Unión Europea (UE), con la única excepción de los años 1992 y 1993.

Este espectacular crecimiento observado durante los últimos 23 años le permitió a España acercarse a los niveles de bienestar que han disfrutado los países más ricos de la UE.

De los últimos 9 años (2000-2009) puede verse que el Producto Interno Bruto (PIB) en España ha crecido más (2.6%) que en el conjunto de Europa durante 9 años. Las causas del crecimiento de la economía española en las últimas décadas se debe, esencialmente, a cuatro razones básicas: 1) al mayor peso del sector privado en la economía, fundamentalmente debido a que el sector público mantuvo un peso más reducido que el de la mayoría de los países europeos; 2) a la descentralización del gasto público, en un nivel similar al de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió a la economía una mayor eficiencia en la asignación del gasto; 3) a la audaz política de privatizaciones en casi todos los sectores productivos, lo que le permitió al país avanzar en la competencia de muchos mercados de bienes y servicios; y 4) al notable avance en términos de equilibrio fiscal y reducción de deuda pública.

Todos estos aspectos podrían considerarse algunos de los “méritos propios” de la economía española, que explican parte del crecimiento diferencial de los últimos veinte años. Aun así, lo más sorprendente es que la economía española estuvo creciendo sosteniblemente a pesar de ir perdiendo competitividad frente al exterior. Sus precios, costes salariales unitarios y márgenes empresariales, crecieron considerablemente por encima de los de la zona euro. Ello terminó reflejándose en un abultado déficit por cuenta corriente (9% del PIB), déficit que, aunque puede verse como un exceso de inversión sobre el ahorro, indicó también una insuficiente competitividad de España con avances muy pobres de la productividad. Entonces la pregunta sería ¿cómo fue posible que España creciera en los últimos 23 años a pesar de ir perdiendo competitividad?

La respuesta es porque, además de los anteriores factores o “méritos propios”, España ha tenido acceso a otras dos posibilidades que también le han ayudado a crecer. La primera fue el recurso a la devaluación cambiaria, sobre todo entre los años de 1995 hasta 1999, año en que España entró en la Unión Monetaria. La devaluación permitía absorber las pérdidas de competitividad sin que se reformara el mercado laboral ni se tomaran medidas correctivas para favorecer la productividad. El segundo factor lo fue el extraordinario aumento del endeudamiento privado.

Porque durante la última década, la demanda interna española ha podido crecer al doble de velocidad que la de la UE gracias a que el endeudamiento de los agentes privados se duplicó. Así, si bien ese veloz endeudamiento fue el impulsor del aumento de la demanda interna y, por tanto, del crecimiento de los últimos años, su elevado nivel afectó la sostenibilidad de las finanzas públicas. En esta situación, la única fórmula posible para recuperar la competitividad perdida frente al exterior después del último ciclo expansivo es aumentar los niveles de productividad. Y el aumento de la productividad, además de requerir prestar la máxima atención a la educación y la formación, pasa inevitablemente por llevar a cabo reformas estructurales en numerosos campos.

Entre ellas, a la reforma que actualmente se le ha dado mayor relevancia es a la reforma de las instituciones laborales. Este campo constituye de seguro la reforma que puede contribuir en mayor medida a resolver el problema que más preocupa a los españoles: el nivel de desempleo. De hecho, no sólo España ha conseguido en el último año lucir una vez más el lamentable récord de contar con la tasa más alta de desempleo de la OCDE (de 20%) sino que la velocidad de aumento del paro en España durante la actual crisis es  la más rápida de todos los países desarrollados.

Aun así, a largo plazo, será necesario entender que la reforma educativa española es la tarea pendiente de mayor trascendencia para el crecimiento económico, la mejora de la productividad, la más justa distribución de la renta y también la consecución de unas tasas reducidas de paro.

Las perspectivas.  Si bien la economía española finalmente cayó un 3.6% en 2009, lo hizo parcialmente apoyada por factores que pueden considerarse transitorios. La leve mejoría de finales de 2009 se basó en el tirón de demanda exterior y en la eficacia de algunos programas del plan de estímulo fiscal.

No obstante, la tendencia que tomen el consumo y la inversión empresarial en la economía española constituyen las variables esenciales para considerar y evaluar el rumbo de las perspectivas. Por ello, la demanda privada será la que deberá una vez más garantizar una recuperación sostenible a medio y largo plazo.

De hecho, los indicadores más recientes indican que en el primer trimestre de 2010 la economía española podría estar creciendo, aunque los acontecimientos en los mercados financieros alertan de lo incierta y débil que podría ser la recuperación a corto plazo. España será la única entre las grandes economías que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), estará en negativo en 2010. La actividad se contraerá seis décimas este año. Y para el que viene, el organismo financiero habla de un crecimiento del 0.9%, el más débil del grupo.

La cifra

2.81 por ciento.  Ha sido la tasa de crecimiento promedio de la economía española en el período 1989-2009. En ese lapso, la economía ha mantenido un déficit fiscal   2.89% del PIB.

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Plan de austeridad

Tras conocer que los precios crecen ya por encima de la media europea y que el déficit público cerró en 2009 con un nivel récord del 11.4% del Producto Interno Bruto, el Gobierno español ha puesto en marcha un plan de ajuste con el objetivo de que todas las administraciones gasten 50 mil millones menos de aquí a 2013 para dejar el déficit en el 3%, tal y como exige Bruselas. Del tijeretazo sólo se salvaron algunos programas sociales. Y la verdad es que el plan de austeridad es ambicioso, porque el deterioro de la situación fiscal ha llevado al mercado a encarecer el coste de la deuda pública. El Gobierno asume buena parte de la responsabilidad del ajuste, con medidas de disminución del gasto en personal, funcionamiento, inversiones y transferencias que deberían elevar el ahorro hasta los US$40 mil millones.