El “optimismo” sin sustentación, y las cifras sobre alegados avances en la lucha contra la criminalidad que expresan autoridades, siguen pareciendo distantes de la realidad, frutos tal vez de un sub registro no intencional o de mera incapacidad para contar bien. En el país se expresan como nunca antes, demandas de grupos barriales, juntas de vecinos y vibrantes sectores de comunidades provinciales contra el azote de la delincuencia. El Gobierno no debería suponer que todo es aprobación de la sociedad por ser alto su índice de aprobación. Más que latente, ya rebosa la copa la frustración de la colectividad por el continuo accionar de asaltantes, escaladores de viviendas y negocios, incluyendo asesinos de toda laya y sicarios.

El país no puede seguir así; el 9-1-1 es un éxito pero sus alcances mayormente han sido de auxilio y alivio para los golpeados por el infortunio. No implica un enfrentamiento pleno al mal generalizado que se patentiza en múltiples despojos y muertes. Urge hacer mucho más. Transformar a la Policía (de cuya insuficiencia protectora se queja mucho la gente). Es hora de que los tributos que recibe el Estado tengan una mayor aplicación sobre los mecanismos que deben proteger la sociedad con personal más numeroso, mejor equipado y con miembros bien pagados y entrenados. Es necesario poner fin a la precariedad de la persecución al delito que tiende incluso a afectar la imagen del país en el exterior.

SIN SABER BIEN A QUÉ ATENERSE 

Unas pruebas para medir la formación de médicos jóvenes que ingresarían al Programa Nacional de residencias para servir en los hospitales tuvo un resultado sumamente pobre: de 4,457 postulantes, solo 800 aprobaron. Esto podría ser consecuencia de debilidades en la formación de profesores e incluso de precariedades de recursos para transmitir conocimiento en universidades o de una carencia de aptitudes y aplicación en muchos graduados.

No sería fácil establecer si quienes fallaron fueron los candidatos a las plazas, o si ocurrió que estuvieron sometidos con un rigor desproporcionado a técnicas inapropiadas para la medición de capacidad. Por justicia habría que revisar el camino recorrido con las evaluaciones, que sería lo mismo que decir: pasar causa a los examinados y a los examinadores.