La quema de un almacén de la Junta Municipal Electoral de Santo Domingo Norte y toda la violencia posterior a las votaciones desatada en esa y otras demarcaciones, forman parte del intento de grupos por armar una crisis que podríamos catalogar de “inorgánica”. Y no se puede pasar por alto que esa quema ocurriera en un recinto que, por guardar material electoral bajo disputa, debió permanecer bajo estricta vigilancia militar. Son hechos que hay que investigar hasta las últimas consecuencias.
Este estado de cosas persiste en algunas demarcaciones, a pesar de que sectores representativos de la sociedad han estado reclamando que recuperen la cordura los grupos que han abandonado los medios legales para exigir triunfos cuyo merecimiento no acaban de demostrar, y entre los cuales hay quienes obtuvieron porcentajes de votación por debajo del 1%, sin posibilidades de alterar el resultado electoral.
Pero hay más elementos que se inscriben en las causas de los problemas que han caracterizado el proceso electoral. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) dio a conocer irregularidades que comprometen la responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE), entre las cuales señala el no haber instalado los equipos electrónicos de los colegios electorales por lo menos 48 horas antes del día de las votaciones. Este juego debe terminar ya.

Un diagnóstico que avergüenza

Cada muerto, sin importar edad, da testimonio veraz de las causas de su deceso. Y el patólogo forense es el interlocutor por excelencia. En nuestro país, las muertes violentas de niños dejan un legado escandaloso, avergonzante. En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, 98 niños en edades entre un día y 11 años murieron en circunstancias violentas en los últimos 16 meses, según consta en estadísticas del Instituto Nacional de Patología Doctor Sergio Sarita Valdez. La efectividad de las políticas públicas de protección infantil tiene en esas cifras la más cruda descalificación.

El Estado tiene que ser más celoso en el cumplimiento de su obligación de proteger a los niños contra toda forma de abuso y de riesgo injustificable en que los colocan generalmente padres y tutores, familiares cercanos y vecinos. Hay que parar el salvajismo.