El gobierno estadounidense ha separado a 81 niños migrantes de sus padres en la frontera con México desde junio, a pesar de que emitió en una orden ejecutiva cesando la práctica y de un fallo similar emitido por un juez, según datos oficiales provistos por las autoridades a The Associated Press.
Las autoridades mantienen la potestad de separar a un niño de sus padres en casos específicos, alegando por ejemplo que peligra el bienestar o la salud del niño o si el padre tiene antecedentes penales. Tales excepciones ya existían incluso antes de la política de “tolerancia cero“ aplicada por el gobierno de Donald Trump.
El gobierno decide cuándo un caso amerita esa excepción, pero eso preocupa a los activistas a favor de la inmigración, quienes temen que muchos padres migrantes están siendo etiquetados falsamente como delincuentes.
Desde el 21 de junio —día posterior a la orden ejecutiva firmada por Trump— hasta el 4 de diciembre, 76 adultos fueron separados de sus niños, según la información. De ellos, 51 fueron procesados penalmente: 31 tenían antecedentes penales y 20 por otras razones no especificadas. Nueve fueron hospitalizados, 10 estaban vinculados con pandillas y cuatro tenían órdenes de extradición. Dos habían incurrido en infracciones migratorias y tenían pendientes órdenes de deportación. “El bienestar de los menores de edad en nuestra custodia es la máxima prioridad“, dijo Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las labores de inmigración. Un juez federal escuchó una demanda entablada por una madre.