El país ha hecho ensayos exitosos en reforma penitenciaria. Eso explica que contemos con algunas cárceles modelo. Pero el hecho de que contemos con cárceles modelo no significa en modo alguno que el modelo penitenciario sea digno de elogio. En la mayoría de los casos, las prisiones son centros de hacinamiento en los que se recluye a gente en condiciones inapropiadas, que violentan sus derechos y desnaturalizan la función del apremio corporal.
Nuestras cárceles son parte del problema general del aparato judicial. Las disposiciones de la ley en cuanto a privación de la libertad de personas imputadas no incluyen el tratamiento degradante que por lo general tienen que soportar los presos en este país. Las pésimas condiciones de encierro son la antítesis de la regeneración de conducta que debe perseguir todo sistema penitenciario. Reeducar al preso no significa disminuir su condición humana.
Cuando se plantea la necesidad de mejorar la administración de justicia y reducir la mora judicial, hay que incluir la parte de la ejecución de las penas y las condiciones en que estas se ejecutan. Además de pésimas condiciones de encierro, las cárceles son antros de corrupción interna y es frecuente que los custodias se hagan cómplices de todo tipo de trata. Hay que trabajar para adecentar esa parte del aparato judicial.

A pensar en el interés nacional

Un ícono de nuestra debilidad institucional es la falta de una Ley de Partidos Políticos y otra de Régimen Electoral, dos instrumentos fundamentales de la democracia mantenidos en rehenes por intereses de grupos que actúan en desmedro del interés general del país. Las elecciones del año pasado confirmaron flaquezas del sistema electoral debidas principalmente a la ausencia de estas leyes. Es inocultable la responsabilidad de las agrupaciones políticas en la situación creada.

Para aliento de la sociedad, próximamente serán convocados los representantes de los partidos, de la sociedad civil y otros sectores, con el propósito de tratar de lograr un consenso que facilite la aprobación de los proyectos correspondientes. Abogamos porque esta vez se privilegie el interés del país por fortalecer la institucionalidad.