Los intereses de proyectos políticos entran frecuentemente en contradicción con los de la sociedad como un todo. El sistemático bloqueo a las leyes necesarias para regir las actividades partidarias y electorales constituye una gran prueba de ello. A unanimidad los principales partidos rechazan la colocación de límites a su obtención y manejo de recursos cuyo origen no siempre certifican ni propician que existan controles para evitar que el poder sea aprovechado para fines partidarios y con ello generar una desigualdad en la competencia por alcanzar posiciones en el Estado. Actuar sin rendir cuentas ni recibir sanción es bueno para ellos y malo para la institucionalidad.
De otro lado el país ha visto que las acciones penales y disciplinarias contra jueces no parecen seguir pistas sobre el papel que habrían jugado instancias superiores y el poder político sobre los incriminados. Véase también la forma en que la defensa del medio ambiente por parte del Estado se debilita agudamente si se perciben vínculos entre depredadores y altas esferas políticas, económicas o militares. El sonado escándalo de la OISOE comenzó con nombres y señales que tendían a responsabilizar a altas jerarquías hacia las que jamás avanzaron las pesquisas. Solo se ha pedido cuentas a peces pequeños. Se proclama que aquí reinan la transparencia y el buen manejo, una retórica que no parece compadecerse con la realidad.

Los fracasos de la prevención

Los feminicidios de más horror y ofensa a la sociedad, independientemente del pesar enorme que todos causan, son los cometidos por asalariados de la República y con armas compradas con dinero público. La acción demencial reciente de un agente policial que segó tres vidas de mujeres en un santiamén, mueven a exigir una vez más que las instituciones castrenses y policiales descubran a tiempo las malas reses. El más inútil reclamo de la opinión pública ha sido el de insistir en que los mandos de cuerpos armados sean selectivos en el reclutamiento de personal y que se le eduque en el respeto al prójimo. Que exista vigilancia sobre la conducta personal y familiar de individuos autorizados al uso de la fuerza en nombre de instituciones. Y que cada manzana que se pudra sea neutralizada antes de deshonrar el uniforme con crimen o delito.