TEÓFILO QUICO TABAR
Recientemente escuché una persona decir que cuando un gobierno anuncia acuerdos beneficiosos en cualquier materia, se supone que todos los hombres y mujeres que viven en ese territorio, de forma directa deberían recibir los beneficios de esos acuerdos, a fin de que los mismos contribuyan a aliviar la pesada carga que soportan los ciudadanos. Alegaba el expositor que si producto de esos acuerdos un gobierno logra posponer o diferir sus compromisos de pago, realmente paga menos que lo que estaba supuesto a desembolsar, y que al pueblo, que a causa de esos compromisos soporta la carga o parte de esa carga que se le impuso, igualmente se le debería diferir la carga.

Ponía como ejemplo que en una casa que se maneja con los ingresos del esposo y la esposa y en base a ello asumen compromisos, adquieren bienes o realizan compras, cuando las cosas suben de precios les advierten a los hijos la necesidad de hacer reajustes que incluyen la eliminación de algunas concesiones.

Pero si los esposos logran posponer el pago de alguna de las deudas acordadas originalmente, al disponer aunque momentáneamente de más dinero, les permite devolverle las concesiones anteriores a los hijos o parte de ellas, adquirir otros bienes o colocarlos en un banco como ahorro.

Sin embargo recordaba que aquí se anunció con bombos y platillos el acuerdo de Petrocaribe con Venezuela, mediante el cual el país tendría un ahorro notable, constante y sonante, que le permite al gobierno ahorrarse mucho dinero mediante la postergación del pago de una parte importante de la factura petrolera.

Pero según él, ocurre que el gobierno no hizo con el país como hacen los padres con los hijos. Los dominicanos en ningún momento y de ninguna forma hemos recibido los efectos directos de la postergación del pago de la factura petrolera. Los dominicanos continuamos pagando los precios como si el gobierno estuviera pagando la totalidad de la factura.

Si el gobierno está pagando solo una parte de la factura por cada galón de gasolina, de gasoil o por cada libra o galón de GLP, y la otra parte queda como deuda futura, se supone que los dominicanos igualmente deberíamos estar recibiendo una reducción en los precios de los combustibles.

Con dicho acuerdo decía, ni nos estamos beneficiando ahora de manera directa, por cuanto estamos pagando el precio como si el gobierno los pagara al precio que lo consumimos, y por el otro, porque cuando haya que pagarlos en el futuro, tendremos igualmente otra carga tan negativa como ocurre ahora.

Desde su óptica eso es algo que no tiene explicación lógica desde ningún ángulo, no importa que lo trate de explicar un experto, un político o un cura. No es posible, decía, que el gobierno pague el petróleo a mitad de precio y el pueblo lo pague como si costara el doble.

Ni estas generaciones están recibiendo los efectos positivos directos de ese acuerdo ni mucho menos lo recibirán las futuras generaciones. Ese acuerdo solo beneficia al gobierno porque le ofrece la oportunidad de gastar más en cosas no necesariamente esenciales y a algunos de los que forman parte del enclave comercializador del combustible.

Que no se hable más de que ese acuerdo ha servido para mantener la macroeconomía. Que no se diga más que la macroeconomía es indispensable, fundamental y necesaria para el desarrollo del país. Que no se juegue más con las palabrerías, porque el pueblo no come con eso, reiteraba el expositor.

Terminó diciendo que el acuerdo de Petrocaribe debe ser transferido directamente y de inmediato al pueblo. Que si lo que el gobierno paga es la mitad del precio por barril, eso mismo debe serle transferido a los consumidores para que paguemos la proporción correspondiente. De lo contrario, que se coloque la diferencia en una cuenta especial intocable que genere beneficios para cuando llegue la ocasión, o que se utilice en cosas con la aprobación de los consumidores.

Ese análisis sencillo y probablemente sin muchos elementos científicos, de un ciudadano común y corriente, puede ser una ilusión, pero se parece a la realidad.